La Junta Electoral pone freno al DNI digital: prudencia obligada

La decisión de la Junta Electoral Central de suspender de forma cautelar el uso de las aplicaciones MiDGT y MiDNI como medio de identificación en el momento de votar no es un capricho procedural: es una respuesta directa a una preocupación elemental en democracia: la certeza de quién vota.

El organismo lo ha dicho con claridad: la medida regirá "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura". No es una reprimenda ideológica; es una exigencia técnica y jurídica que interpela a quienes impulsaron la implantación apresurada del método.

El Partido Popular pidió expresamente la suspensión al advertir que el procedimiento generaba "dudas y alarma social", en particular tras revelarse que no se requiere verificación por código QR actualizado, esa comprobación que, según los estándares que se citan, avalaría la autenticidad del documento digital. Esos son los hechos: alarma social, ausencia de verificación QR obligatoria y petición formal de suspensión.

El origen del permiso para usar miDNI en las mesas electorales data de comienzos de mes, cuando la JEC aceptó su empleo basándose en un informe de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior. Ese informe defendía el uso de la aplicación "en su formato más sencillo" para identificación electoral, lo que permitió que el votante mostrase en pantalla un documento sin el código QR que puede ser leído por la mesa.

La exposición de este esquema operativo deja un vacío evidente: cuando la aplicación no incorpora el código QR certificado por la Policía —el mecanismo que relaciona y certifica los datos del usuario— lo que se exhibe en el móvil es, en palabras del propio sistema, una suerte de pantallazo del DNI impreso que incluye la fotografía del votante. Interior consideró que eso era suficiente; otros sectores y la Junta optaron por la cautela.

Así pues, la JEC ha preferido la prudencia institucional frente a una innovación tecnológica aplicada al corazón del proceso democrático: el control de la identidad en la votación presencial o por correo. No se trata de cerrar las puertas a la modernización, sino de no abrirlas a medias. Si la tecnología entra en la cabina o en la mesa electoral, debe hacerlo con garantías plenas y verificables.

El debate planteado por el PP reclama precisamente eso: que no se generen dudas y que los partidos y las administraciones hagan cuanto sea necesario para disiparlas. En democracia, la confianza en el acto de votar es condición de legitimidad. La Junta Electoral ha mandado un mensaje rotundo: primero, seguridad y certeza; después, innovación.