La jueza obliga a que la verdad llegue en mano propia

La instrucción sobre las supuestas anomalías en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) en Alicante no admite equívocos ni traslados por correo que no llegan a destino. La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia ha ordenado que la Policía Nacional adscrita a los juzgados cite personalmente a tres funcionarios municipales para que comparezcan el 20 de mayo, tras no presentarse a la primera citación del 8 de mayo.

Se trata de la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial, Pablo Torregrosa; y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura. La comparecencia, promovida por la Fiscalía Anticorrupción, busca ampliar explicaciones sobre un informe emitido en enero por Romero y Torregrosa que advertía de posibles conflictos de interés o incompatibilidades en el expediente de compra de la parcela municipal, tras identificar a varios adquirientes de las viviendas.

Entre los adquirientes señalados figuran la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; dos arquitectos municipales, Elsa Lloret y Francisco Nieto; familiares de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman; y otros nueve funcionarios no vinculados a los departamentos que tramitaron la venta y la licencia de obra. Esos hechos están siendo objeto de examen en sede judicial y las diligencias precisan que los testigos expliquen su papel y conocimiento.

La primera citación cursada para el día 8 se remitió mediante oficio a la dirección de correo electrónico del Ayuntamiento de Alicante, igual que ocurrió con el requerimiento del expediente administrativo sobre la venta de la parcela. Sin embargo, por motivos que no han sido aclarados, esa notificación no llegó directamente a los tres técnicos. El vicealcalde y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha reconocido que se abrió una consulta interna para dilucidar el cauce por el que llegó la citación y por qué no se comunicó a los interesados, mostrando extrañeza por la falta de traslado personal.

Ante esa laguna, la jueza ha optado por la vía directa: la unidad policial de los juzgados entregará en mano las citaciones, con apercibimiento de multa para quienes no comparezcan. La magistrada ha adoptado la misma fecha —el 20 de mayo— para la declaración de J.B.B., uno de los quince investigados y beneficiario de una de las viviendas, cuya citación prevista inicialmente para el 5 de junio quedó dejada sin efecto a petición de su defensa.

Mientras la investigación avanza, la política entra en escena procesal. Ciudadanos, que ejerce la acusación popular, ha presentado un escrito oponiéndose a que la Generalitat Valenciana sea admitida como acusación particular. La argumentación de Cs es clara: la Abogacía de la Generalitat solicita la condición de perjudicada cuando, según la formación naranja, fue la propia administración la responsable de visar los contratos de compra y, por tanto, su actuación estaría también bajo investigación. Cs plantea que la Generalitat no puede reclamar el estatus de "ofendida" cuando podría ser corresponsable por culpa in vigilando; además, cuestiona que haya acreditado un daño concreto y directo que justifique su personación.

La formación popular alerta asimismo sobre los riesgos de una doble vía acusadora: la Fiscalía ya representa la defensa del interés público y la entrada de la Generalitat como parte podría generar bicefalia y posicionamientos contrapuestos, incluso la posibilidad de que la administración autonómica participe en interrogatorios con una posición de parte que pudiera condicionar declaraciones de técnicos y funcionarios autonómicos.

Los hechos están ahí: citaciones fallidas, reparaciones procesales y un calendario judicial que se apura para que las explicaciones lleguen de manera fehaciente. No se trata de rumor ni de danae; se trata de documentación, comparecencias y responsabilidades que deben constar en sede judicial y en el escrutinio público. El 20 de mayo será, en este expediente, una jornada en la que la instrucción ejerza su obligación de arrojar luz mediante notificaciones que, esta vez, no puedan perderse en buzones ni excusas administrativas.