La izquierda siembra dudas y luego se desmarca: la paradoja de la defensa institucional

En la política contemporánea, el gesto importa tanto como la palabra. Patxi López ha elegido el gesto: cuestionar la actuación judicial en términos generales —«velocidades injustificadas», causas que se abren «con recortes de periódicos», «sentencias incomprensibles»— y, acto seguido, poner una raya entre su discurso y la acusación más directa proferida por un miembro del Gobierno.

Es evidente que el portavoz socialista se alinea con el argumentario desplegado desde Moncloa y Ferraz: una narrativa que siembra dudas sobre la actuación de la Justicia como escudo ante lo que el propio texto califica de «graves casos de presunta corrupción» que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente. Pero cuando la gravedad adquiere nombre —«hay jueces que prevarican», dijo Óscar López—, Patxi López se desmarca con precisión quirúrgica: «Son palabras de Óscar López». La distancia es clara y calculada.

No se trata de sutilezas retóricas inocuas. La acusación del ministro de Transformación Digital, pronunciada en un acto público, añade otra capa: el Ejecutivo «no se dejará atropellar» por los tribunales y no se quedará «de brazos cruzados». Frases de advertencia que, aunque pronunciadas por otra voz gubernamental, encontraban en la respuesta parlamentaria la ambigüedad exacta para no comprometer, pero sí señalar.

La réplica del PP no se ha hecho esperar: para los populares, la estrategia socialista se reduce a agarrarse al «lawfare» porque, afirman, «no les queda otra». El calendario judicial inminente —con comparecencias relevantes la próxima semana, según el relato periodístico— alimenta la narrativa de enfrentamiento entre Poder Ejecutivo y jurisdicción y acelera la politización de cada actuación judicial.

Desde la bancada del PP surgen además imputaciones sobre la supuesta extensión del problema: no sólo personas aisladas, dicen, sino una trama o estructura que conectaría actores y decisiones. Cuca Gamarra ha señalado indicios y conexiones en torno a Leire Díez, la Fiscalía y la Guardia Civil, y ha ido hilando hipótesis que el PP presenta como piezas que «van cuadrando». Son afirmaciones políticas con eco judicial en ciernes.

La escena se dibuja, pues, con dos movimientos simultáneos: la insinuación y la retractación parcial. La insinuación, en boca de quienes representan al Gobierno y a su entorno; la retractación, con el cuidado de no validar una acusación penal expresada por un ministro. Es una coreografía de poder que pretende desalojar la agenda judicial de su centro incómodo, sin exponer del todo al autor de la afirmación.

Queda la pregunta inevitable: ¿qué pretende este doble paso? ¿Fortalecer la narrativa de defensa frente a la instrucción judicial, o simplemente administrar el daño político? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la ambivalencia alimenta la desconfianza y acentúa la politización de la Justicia, con consecuencias que trascienden la coyuntura inmediata y que conviene observar con rigor, no con consignas.