La infancia olvidada: España no puede esperar otros 12 años

La Plataforma de Infancia lanza una alarma que no admite complacencias: cerca de 2,6 millones de menores —uno de cada tres niños en España— están en riesgo de pobreza o exclusión social. No es un problema temporal ni una cifra para titulares; es una fractura social que interpela al conjunto de la nación.

"No hay que lanzarse al triunfalismo", advirtió Ricardo Ibarra, director de la organización, al constatar que, pese a una leve mejora de nueve décimas respecto al año anterior, la pobreza infantil permanece como un problema estructural y cada vez más concentrado entre los grupos más vulnerables.

Los datos son tan contundentes como dolorosos. Los hogares monoparentales, mayoritariamente encabezados por mujeres, son el único modelo familiar cuya tasa de riesgo ha aumentado: ya afecta al 50,8% de sus hijos, y la pobreza severa alcanza al 22,3% de estas familias. En hogares numerosos, el 68,2% de los menores con más de tres hermanos está en riesgo. Y la infancia migrante —niños con ambos progenitores de origen extranjero— sufre un 67,5% de riesgo, frente al 22,7% entre quienes tienen progenitores españoles.

Hay una brecha estructural: el indicador AROPE refleja casi ocho puntos más de riesgo en menores de 18 años que en el resto de la población. Los adolescentes de 13 a 17 años registran las tasas más altas dentro de la infancia, mientras que las ayudas se concentran, según la Plataforma, en la etapa de 0 a 3 años. También se constata que tener hijos empobrece: los hogares con menores tienen una renta media un 35,9% inferior, una diferencia de 5.770 euros anuales por persona.

El coste de la vivienda actúa como espada de Damocles: más de una cuarta parte de las familias con menores de ingresos viven sobreendeudadas por alquiler o hipoteca, recortando gasto en alimentación y educación. Territorialmente, la pobreza infantil no es homogénea: Murcia lidera con un 44% de menores en riesgo, seguida por Castilla-La Mancha (43,1%) y Andalucía (42,9%); el País Vasco registra la tasa más baja. La diferencia entre la comunidad más rica y la más pobre supera los 25 puntos.

España asumió el compromiso de reducir a la mitad la pobreza infantil para 2030, tomando como referencia la tasa de 2015 (34,4%). Una década después, el indicador apenas ha descendido 1,2 puntos; la distancia hasta la meta es de 10,3 puntos. A este ritmo de reducción, el informe calcula que harían falta doce años para alcanzar las cifras de la media europea. Es una sentencia numérica que exige acción política, no naturalización del desastre.

La Plataforma de Infancia reclama medidas claras y ambiciosas: una ayuda universal a la crianza, la duplicación del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) extendido a mayores de seis años y políticas decididas de acceso a la vivienda. Como resume Ibarra: "Solo un cambio drástico, con políticas ambiciosas en vivienda y en ayudas a la crianza, puede revertir esta situación." Son propuestas concretas frente a una realidad intolerable.

No es tiempo para excusas ni para cálculos partidistas: la salud moral de una sociedad se mide por cómo protege a sus niños. Si la política no se atreve a dar ese giro —si no se implementan ya las medidas que el informe señala— estaremos condenando a una generación a pagar con su futuro la pasividad de hoy. España tiene que decidir si protege a su infancia o se resigna a perderla en la estadística.