La inercia que criminaliza: Begoña Gómez y la justicia en vaivén

Muchas veces he pensado que la justicia es ciega, pero también coja. Esa reflexión, que asoma en el relato público como una sentencia no pronunciada, vuelve con fuerza cuando uno observa cómo la inercia —esa tendencia a dejarse llevar por la corriente de acusaciones y titulares— puede convertir lo endeble en contundente.

Me sirve de recuerdo una caída doméstica, una imagen mínima: el instante entre el tropiezo y la caída, cuando aún hay tiempo para resistir. A veces nos abandonamos. Otras veces, la inercia nos empuja a creer que el movimiento ya decidido es el único posible. Esa misma inercia opera ahora en torno a la figura de Begoña Gómez. La acusación popular liderada por la asociación Hazte Oír ha pedido 24 años de cárcel por delitos de nombres muy pesados, pero asentados, según se ha informado, sobre indicios extraordinariamente enclenques.

No se trata de minimizar la gravedad de cualquier investigación; se trata de señalar que la contundencia de una petición penal no siempre se corresponde con la solidez de sus fundamentos. La sombra de la exageración judicial y mediática no es nueva: quien siga casos como el de Isabel Carrasco recuerda las voces que señalaban y los silencios que protegían. Raquel Gago, apuntada por las confesiones de sus agresoras y posteriormente tratada por la Audiencia Provincial, es un ejemplo que queda en la memoria pública como aviso sobre el peligro de las certezas prematuras. Esa mujer, a pesar de una absolución en instancia, acabó soportando la carga de una pena —según el relato público— de 14 años. Esos giros recuerdan que la percepción y la legalidad no siempre marchan a la par.

Lo que interesa aquí es la relación perversa entre espectáculo y justicia: cuando una acusación se convierte en narrativa tenaz, la inercia mediática puede terminar por empujar al sistema hacia veredictos que la prudencia debería evitar. Frente a ello, la respuesta no puede ser ni el desprecio ni la risa fácil; debe ser la exigencia de rigor. Si las acusaciones son tan endebles como parecen, la defensa del Estado de derecho exige que se resistan con hechos, no con ardor combativo.

España necesita una justicia que no ceda a las presiones de la inercia —ni hacia la indulgencia ni hacia la condena apresurada— y una sociedad que no confunda el ruido con la prueba. Cuando la historia reciente ofrece ejemplos de silencios y de excesos, la lección es clara: más prudencia, más transparencia, y sobre todo, más respeto por la presunción que garantiza la igualdad ante la ley. Esa es la defensa del interés público, no el aplauso fácil a la condena cuando ésta nace de la gravedad aparente y no de la solidez probatoria.