La improvisación administrativa que penaliza a la gente: el fallo del Ejecutivo en la regularización

La escena es de manual: colas en L'Hospitalet de Llobregat y oficinas que intentan absorber una avalancha de trámites con herramientas y equipos claramente insuficientes. CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha puesto voz y datos a una realidad que no admite eufemismos: la regularización extraordinaria ha comenzado con una pésima planificación y la improvisación habitual de la Administración.

No son opiniones vagas. Los delegados sindicales han registrado problemas informáticos recurrentes —la plataforma Mercurio, de 2022, sólo admite adjuntos de 15 Mb— que han desembocado en apagones totales del sistema y, en casos concretos, en cierres de oficinas de Correos. Cuando la infraestructura digital falla, el resto del engranaje se bloquea: citas mal planificadas, familias que acuden juntas a una misma franja y superan ampliamente los 20 minutos previstos por solicitud, y oficinas que alargan su horario hasta las nueve de la noche para intentar paliar el atasco.

A esa sobrecarga técnica se une la insuficiencia de efectivos. CSIF constata colas en ayuntamientos, oficinas de Correos y registros por falta de personal; y lo que agrava la situación es la mala formación de quienes, en muchos casos, reciben instrucción "in situ" y consultan a última hora dudas sobre documentación porque las indicaciones recibidas son confusas. No es una falla puntual: es un fallo sistémico de diseño y previsión.

Asimismo, Correos no había previsto la afluencia en localidades menores de 50.000 habitantes, cuyas oficinas no están habilitadas como Prestador de Servicios de Interés Económico General (SIEG), lo que añade más puntos de congestión al mapa del trámite. La acumulación de trabajo ha obligado al Ministerio de Política Territorial a activar un Plan Especial para resolver trámites previos, un parche que revela que aquello que se prometió como no perjudicial para los procedimientos en curso ha acabado por interferirlos.

CSIF reclama al Ministerio de la Función Pública —y por extensión a quien dirige la política de personal— que tome en serio las necesidades de la Administración y se comprometa con una oferta de empleo público adecuada. La advertencia es clara: si no se dota de músculo y estructuras a la Administración, lo que hoy son colas y desorden puede convertirse mañana en un problema mayor cuando se activen nuevas fases del proceso y se trasladen cargas al SEPE, Seguridad Social, Justicia e Interior.

Que nadie se engañe: la capacidad de un Estado para tramitar lo extraordinario sin quebrar lo ordinario es una medida de su fortaleza. El inicio de esta regularización evidencia una vez más las costuras administrativas que saltan cuando la demanda sube. No es cuestión de gestos ni de retórica; es cuestión de prever, dotar y formar. Mientras tanto, la ciudadanía paga la factura de la improvisación.