La Iglesia planta cara a la 'prioridad nacional' y defiende la dignidad frente a la exclusión

La Iglesia ha dicho lo que debe decir toda institución que se reclama del servicio público y del bien común: que no se somete a consignas de campaña. En la rueda de prensa tras la Asamblea Plenaria celebrada en Madrid, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, rechazó de manera tajante el término «prioridad nacional» —acuñado en el debate público tras el pacto en Extremadura entre Vox y el Partido Popular— y precisó que «la Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este ni de ninguno». Una afirmación clara que sitúa el Evangelio, no la propaganda, como brújula de su actuación pública.

El obispo auxiliar de Toledo llevó la discusión al terreno de los principios: «Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio» y desde ahí se rigen dos pilares innegociables, según explicó: «la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir, y el bien común de toda la sociedad». No se trata de retórica: es un recordatorio solemne de que la comunidad política no puede edificarse sobre la anulación o la eliminación del otro.

Con dureza —pero con fundamento— García Magán alertó contra la pulsión excluyente: «la Iglesia es mucho más amplia, más rica cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro. En eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca». Y trajo a colación el criterio evangélico que informa a los creyentes: el amor al prójimo, que no se circunscribe a simpatías partidistas, nacionales, lingüísticas o religiosas. En una sesión de prensa que buscó dar cuenta de acuerdos y prioridades, la jerarquía eclesial dejó claro que su compromiso es «estar cerca de unos y otros».

El portavoz también lamentó el uso político de los eslóganes: «la política actual se mueve mucho a golpe de eslóganes y reclamos publicitarios que buscan una polarización para ponerse a favor o en contra sin matices». Esa observación no es inocua: describe un paisaje público donde la simplificación y la estridencia sustituyen al diálogo y donde la tentación de excluir encuentra cauce fácil.

La comparecencia incluyó además datos sobre el avance en el control de los abusos dentro de la Iglesia: las 262 oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y congregaciones recibieron en 2025 un total de 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores; en los últimos cinco años se han recogido 1.131 denuncias y se ha contabilizado a 1.000 agresores. Asimismo, casi medio millón de personas —465.465 en total, entre ellas 363.060 menores— recibieron el año pasado formación para la prevención de abusos y protección de menores. Son cifras que la institución ha aportado como parte de su rendición de cuentas y de su esfuerzo por la reparación y la prevención.

Esta declaración pública de la Conferencia Episcopal es un aviso: frente a la tentación de los lemas fáciles y de las soluciones que pasan por excluir, la apuesta debe ser por la dignidad humana y el bien común. En tiempos de polarización, la firmeza moral se traduce en la defensa de la persona y en la exigencia de políticas que no reduzcan a nadie a mera categoría prescindible. La Iglesia, al menos en su voz oficial, ha elegido no moverse al compás de consignas, sino al compás de esos principios.