La Generalitat obligada a rectificar: la batalla por las Matemáticas en Cataluña

El fallo del TSJC no es una anécdota: es la constatación judicial de una anomalía. La justicia ha tenido que intervenir para que en Cataluña, como en el resto de España, los alumnos de 4.º de la ESO puedan elegir entre dos niveles de Matemáticas. No se trata de capricho académico, sino de sentido mínimo de equidad curricular.

Ignasi Fernández Daroca, catedrático y abogado que lleva años litigando contra normas educativas de la Generalitat, ha logrado que el tribunal anule el artículo 10.1.h del Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Básicas. La razón es clara y técnica: la refundición prevista por el decreto dejaba fuera contenidos propios de las Matemáticas B, y con ello se producía un trato desigual respecto al currículo estatal y a otras comunidades autónomas.

La consecuencia práctica era brutal en su sencillez: ochenta mil estudiantes de 15 y 16 años obligados a una sola variante —las Matemáticas A—, orientadas a problemas prácticos y a itinerarios de letras o formación profesional, pero insuficientes para quienes aspiran a continuar en Ciencias o Tecnología. El Estado contempla dos líneas: A y B; la Generalitat lo había convertido, por norma, en una sola. El TSJC ha dicho que eso no se ajusta a la normativa básica.

Fernández Daroca no se queda en el triunfo formal. Ha pedido la ejecución de la sentencia porque, pese a las promesas de acatamiento, la Generalitat no ha materializado aún una nueva norma que incorpore las Matemáticas B para el próximo curso. Para él la situación es «muy grave»: en un contexto en que se cuestiona el nivel matemático de los alumnos, la Administración autonómica reduce la exigencia y niega la elección a los estudiantes. "Esto sólo pasa en Cataluña", resume.

El diagnóstico que plantea el reclamante es duro y no debe ser eludido. Cita resultados sociales y académicos —incluida una referencia a los pobres resultados en PISA— y habla de una «emergencia educativa». Denuncia que el sistema ha entrado en quiebra y que el nivel está en mínimos; ilustra con casos que, según su relato, muestran la gravedad del problema: alumnos que llegan a la universidad con dificultades para comprender un poema sencillo o que confunden nombres públicos.

Fernández Daroca es, además, protagonista de una trayectoria judicial sostenida contra decisiones que, a su juicio, aumentaban la endogamia y limitaban la igualdad de oportunidades en la escuela pública. Fue también responsable de que la Generalitat suprimiera la enseñanza por ámbitos en buena parte de la secundaria. Defiende la especialización del conocimiento y la figura del maestro. Y lo hace con una frase que debería hacer pensar a quienes deciden: «Si reivindicas la tarima, para dar visibilidad al que habla, te dicen que quieres poner al profesor por encima del alumno y te llaman fascista». Es una sentencia rotunda sobre cultura pedagógica y sobre la concepción del aula.

La lección que deja esta litis es doble. Por un lado, la obligación de respetar el marco estatal cuando el currículo básico así lo establece; por otro, la exigencia ética y política de no negar a los jóvenes la posibilidad de elegir itinerarios que preserven sus opciones futuras. Cuando la Administración autonómica homologa hacia abajo una materia clave para las ciencias, no sólo reduce contenidos: estrecha futuras oportunidades.

La decisión del TSJC debe entenderse como un recordatorio: la escuela no puede ser instrumento de uniformidad impropia ni de experimentos que, sin debates transparentes, limiten la formación. La justicia ha reparado un agravio curricular. Toca ahora convertir esa resolución en hechos concretos, normativas claras y, sobre todo, en la recuperación de la libertad de elección académica de los alumnos. No hay patriotismo educativo en la rebaja de exigencias; sí hay deber de proteger la igualdad de oportunidades y la salvaguarda del mérito y la especialización del conocimiento.