La fuga del Ejecutivo: el Senado popular no se resigna

El Senado, cámara de control y de deber público, registra una anomalía que ya no admite eufemismos: la reiterada ausencia del presidente del Gobierno y de buena parte de su equipo. El Grupo Popular, mayoritario en la Cámara Alta, ha puesto el foco y no descarta, además, llevar la protesta más allá del hemiciclo: estudia acciones parlamentarias y judiciales, y ha encargado un informe jurídico para concretarlas.

No se trata de una ocurrencia intempestiva. En las dos últimas sesiones de control faltaron 13 y 11 miembros del Ejecutivo; en la sesión prevista para mañana la cifra ascendía a diez. Y, sobre ese coro de silencios, resuena un dato que los populares no ocultan: Pedro Sánchez lleva más de dos años sin comparecer en el Senado. Son hechos. Son responsabilidades incumplidas.

Para el PP, ese absentismo no es accidente sino patrón. Recuerdan que ya han presentado recursos contra el Ejecutivo y contra el Congreso por bloquear proposiciones de ley aprobadas en la Cámara Alta y por eludir la obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Ahora, la formación interpreta la escalada de no comparecencias como una “fuga” de los miembros del Gobierno frente al control parlamentario.

El propio Senado introdujo una reforma del Reglamento para hacer obligatoria la justificación de las ausencias: al inicio de cada sesión de control, la secretaria de la Mesa comunica qué ministros faltan y lee las razones aducidas. Pese a esa rigidez formal, el absentismo no se ha reducido. Y cuando la norma no basta, se agiganta la sospecha ciudadana de desatención al deber de rendir cuentas.

El Partido Popular señala nombres y patrones. Acentúan la figura del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al que señalan como el más absentista, y recuerdan la sesión extraordinaria del Congreso para que informara sobre la flotilla interceptada por Israel y la detención de dos de sus miembros. La lista de ausencias citada por los populares incluye también a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, a quienes atribuyen esquemas de elusión del control: no pisar la Cámara Alta tras investigaciones o organizar “reuniones fantasma” con equipos para no acudir al control. Para mañana, la excusa formal apuntada para una ausencia es una reunión con Correos.

El diagnóstico del PP es duro: hablan de una clara dejación de funciones y de ministros que “huyen de su responsabilidad”. En su argumento subyace una afirmación solemne y sencilla: en una democracia parlamentaria el Gobierno debe gestionar y dar la cara en las Cortes; cuando no lo hace, la democracia pierde. Sobre esa premisa apoyan su decisión de elevar la protesta al terreno jurídico y parlamentario.

Que la política se haga en despachos está dentro del juego; que la palabra pública se mute en silencio institucional, no puede normalizarse. El impulso ahora es formal: el Senado dispone de reglas para registrar y justificar las faltas, y el Grupo Popular reúne argumentos y antecedentes —recursos presentados, informe jurídico encargado— para convertir la denuncia en acción. Es la respuesta de una Cámara que reclama su función esencial: controlar y exigir responsabilidades, sin excusas ni atajos.