La fortuna del deseo: la muerte del propietario de OnlyFans sacude la economía de la atención

La noticia es de una claridad incómoda: Leonid Radvinsky, empresario nacido en Odesa y criado en Chicago, murió a los 43 años "de manera tranquila, después de una larga batalla contra el cáncer", según OnlyFans. Quien fuera propietario de la plataforma que cambió las reglas del juego en el comercio del sexo en línea deja detrás no solo una biografía poco proclive a la cámara, sino un imperio económico que obliga a pensar en las consecuencias macroeconómicas del auge de las plataformas de contenido.

Radvinsky adquirió OnlyFans en 2018 y, en apenas tres años, tras el boom de la pandemia, la compañía escaló hasta figurar en la lista de multimillonarios de Forbes. Forbes estimó su patrimonio en US$4.700 millones. Son hechos: la plataforma, fundada en 2016, se ha convertido en un mercado donde creadores cobran directamente a sus audiencias y OnlyFans retiene una comisión del 20% sobre los pagos.

Los números no son retórica: en 2024 la compañía declaró ingresos por US$1.400 millones procedentes de transacciones por más de US$9.100 millones; registró más de 377 millones de suscriptores y alrededor de 4,6 millones de creadores activos. Esa escala define ya una industria con impacto real en consumo, empleo digital y tributación, y abre interrogantes sobre la regulación y la responsabilidad empresarial en mercados de contenido adulto.

No todo es cifras brillantes. El éxito atrajo escrutinio. Las autoridades británicas investigaron en 2024 si menores accedían a pornografía; Ofcom desestimó la investigación sobre acceso de menores, pero sancionó a la empresa con cerca de US$1,4 millones por respuestas inexactas sobre sus medidas de verificación de edad. Antes, la plataforma había sido señalada por supuestas fallas en la eliminación de contenido ilegal. En agosto de 2021, OnlyFans anunció que prohibiría el material sexual y, días después, dio marcha atrás ante la reacción de usuarios y creadores. Son episodios que muestran la tensión entre crecimiento económico, libertad de mercado y límites legales y éticos.

Radvinsky, discreto y alejado de la prensa, figuraba en su propia hoja de vida como inversor de capital de riesgo y promotor de proyectos tecnológicos. Su firma Leo.com invirtió en empresas tecnológicas y, según su sitio, su filantropía incluyó donaciones al Memorial Sloan Kettering y aportes para ayuda a Ucrania en criptomonedas cuyo valor real registrado en 2022 superó los US$1,3 millones, de acuerdo con CoinDesk. También exploró la posibilidad de vender OnlyFans el año pasado. Estos movimientos no son anécdota: representan cómo el capital ligado a plataformas se mueve entre inversión, filantropía y desinversión estratégica.

Si hay una lección económica —sin ornamentos, sin moralina gratuita— es que en la era digital la creación de riqueza puede ser fulgurante y concentrada, pero queda ligada a desafíos regulatorios y riesgos reputacionales que terminan afectando mercados, empleos y decisiones públicas. La muerte de su dueño no disuelve esos retos; al contrario, obliga a quienes gobiernan y a quienes regulan a mirar con urgencia cómo acomodar en el marco jurídico y fiscal a actores que mueven miles de millones y millones de personas.

Radvinsky se fue dejando una plataforma que cambió prácticas de monetización en internet y un campo de batalla abierto entre innovación y control. Los hechos entregan la fotografía: millones de usuarios, miles de millones en transacciones, multa regulatoria, acusaciones previas sobre contenido ilegal y la reversión de una política que quiso silenciar el núcleo del negocio. Es el momento de reparar la política pública: ajustar impuestos, vigilar cumplimiento, proteger a menores y garantizar que la economía de la atención no quede al arbitrio exclusivo de algoritmos y bolsillos privados.

No es un juicio sobre su muerte ni una condena moral. Es un llamado a que la economía nacional e internacional, las autoridades y las propias plataformas asuman la realidad: cuando la innovación crea gigantes económicos, el interés público reclama reglas claras. Que los balances no sean sólo financieros, sino también de responsabilidad.