La factura global del estrecho de Ormuz: gobiernos maniobran para contener el precio del combustible

No hace falta buscar conspiraciones: los hechos son tozudos y hablan por sí solos. Desde que comenzaron los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el mundo ha visto dispararse los precios de los combustibles. El barril de Brent ronda los US$110 y, según los datos citados, el petróleo ha subido cerca de un 50% desde el inicio del conflicto; el gas natural en Europa también se ha encarecido en torno a un 50%.

Frente a esa oleada, los gobiernos han respondido con medidas de impacto inmediato. La liberación al mercado de 400 millones de barriles procedentes de reservas estratégicas se ha convertido en una respuesta colectiva sin precedentes. Estados Unidos, además, ha suspendido temporalmente algunas sanciones sobre cargamentos de petróleo iraní y ruso para aliviar la falta de suministros en refinerías afectadas.

En Asia, la región más expuesta por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, las reacciones han sido drásticas y diversas. Filipinas, que importa casi la totalidad de su crudo del golfo Pérsico, declaró emergencia energética nacional, otorgó subsidios a transportistas y redujo la jornada laboral de funcionarios a cuatro días. Sri Lanka estableció un festivo los miércoles para la administración pública. Tailandia y Vietnam han pedido a la población teletrabajar; incluso funcionarios tailandeses han suspendido viajes al exterior y han optado por las escaleras en lugar de los ascensores.

Medidas similares o complementarias han llegado desde Pakistán, que anunció cierres de actividades en determinados horarios y apeló al teletrabajo, hasta India, que recortó el suministro de gas licuado destinado a la industria para priorizar a los hogares.

Japón intensificó la liberación de crudo de sus reservas, mientras que Corea del Sur relajó límites a la generación eléctrica con carbón, elevó la tasa de utilización de sus centrales nucleares hasta un 80% y, por primera vez en décadas, fijó un tope a los precios internos de los combustibles. Son decisiones que dejan claro que los Estados están dispuestos a tocar palancas energéticas y regulatorias para contener la escalada.

La Agencia Internacional de la Energía alertó sobre “la mayor amenaza a la seguridad energética global de la historia”. No es retórica: cuando las principales variables energéticas se disparan —combustible, electricidad, fertilizantes— se tensionan el transporte, la producción agrícola y el bolsillo de los ciudadanos. Aerolíneas ya anuncian alzas en sus tarifas; la economía real empieza a resentirse.

Son medidas de contención en un escenario que puede tornarse en espiral inflacionaria. Liberar reservas, suspender sanciones puntuales, aplicar subsidios y recortar jornadas laborales son paliativos con efectos inmediatos, pero no soluciones estructurales. Mientras el conflicto no encuentre salida, las economías seguirán expuestas a la volatilidad de precios y a decisiones de urgencia que, aunque necesarias, muestran la fragilidad de nuestros sistemas de suministro.

Estado, prudencia y patriotismo económico exigen hoy tres cosas: transparencia en las cuentas públicas cuando se activan subsidios, coordinación internacional para garantizar suministros alternativos y planes de choque que atiendan a los más vulnerables sin hipotecar la estabilidad fiscal. El reloj geopolítico marca el ritmo de los mercados; corresponde a los gobiernos marcar el del interés nacional y social para que la factura no la paguen siempre los mismos.