Cuando el favor se convierte en trámite: política, enchufes y despachos

La mañana en el Tribunal Supremo se desliza entre historiales de Estado y conversaciones a media voz. Allí, Claudia Montes espera con sus abogados, y su testimonio desborda lo íntimo para convertirse en exposición pública de un procedimiento: conoció a José Luis Ábalos en un mitin en Gijón en mayo de 2019, le escribió por Instagram pidiendo trabajo y, a partir de ese mensaje, el engranaje administrativo se puso en marcha.

No es una trama novelada: hay nombres y movimientos. Koldo García Izaguirre aparece como la mano derecha que, según la versión de la testigo, recibió instrucciones y ofreció respuestas del tipo “Lo arreglo”. El destino fue Logirail, filial de Renfe, donde Montes terminó contratada. Ella explica que Ábalos le pasó enlaces y que después completó los procesos; ella misma declaró que dejó de acudir a su puesto cuando la colocaron frente a una pared y sin ordenador.

Detalles domésticos que el tribunal aceptó como prueba: fotos de desayunos colgadas a horas tempranas en Instagram, la lectura en la biblioteca de Oviedo y 80 horas extra acumuladas en un año cuando, según su relato, sí llegó a trabajar más adelante. Hay en la narración contrastes que obligan a una lectura severa: la apariencia de normalidad laboral frente a la sensación, admitida por la propia testigo, de no estar desempeñando una tarea convencional.

La sala vio también la puesta en escena de la responsabilidad corporativa: Óscar Gómez Barbero declaró como directivo que ascendió a la empleada. La acusación planteó la pregunta que hiere a la Administración: “¿Y a una persona que no estaba yendo a trabajar le sube el sueldo?”. Esa interrogación no es retórica: apunta al corazón del procedimiento de control interno y del empeño público por depurar las cadenas de mando.

Hay, además, escenas que evidencian la tensión política del proceso: la conversación en el baño entre la testigo y un periodista, el temor declarado de Montes ante miradas de intimidación atribuidas a Koldo, y la imagen de Ábalos en el banquillo conversando con su subordinado. Todo esto trasluce una realidad que se repite en el debate público: cuando la administración funciona por atajos personales, el resultado es siempre una erosión del principio de mérito y de la confianza ciudadana.

El caso expuesto en el Supremo no ministeria lecciones morales gratuitas; exige respuestas institucionales. Hay obligaciones probatorias, sí, y hay hechos que reclaman explicación: quién solicitó, quién recomendó, quién autorizó y cómo se fiscalizó ese camino desde un mensaje en redes hasta una plaza en una empresa pública. Si la acción pública se deja en manos de favores y de canales informales, la ciudadanía tiene derecho a saber por qué y a exigir que las reglas básicas del empleo público no sean excepcionadas.

No se trata de escarnio individual sino de protección del interés general. El relato de Claudia Montes, con sus matices y sus evidencias, obliga a reexaminar prácticas: desde la selección y promoción hasta la supervisión de las empresas públicas. Porque la administración no puede ser escenario de incidencias privadas sin pagar peaje público: la pérdida de eficacia, la duda sobre la legitimidad y la sospecha de que la tutela del dinero y del empleo comunes se negocia fuera de la ley.