La factura de la demora: Alcoy pagará casi 8.000€ por no pagar a tiempo

La sentencia está sobre la mesa y los números no perdonan: 7.987,10 euros que el Ayuntamiento de Alcoy deberá pagar por intereses moratorios y gastos de cobro derivados de pagos tardíos. No es una apreciación partidista, es la consecuencia material de una resolución judicial —la sentencia 165/2026, de 27 de marzo— dictada por el Tribunal de Instancia de Alicante, Sección de lo Contencioso-Administrativo nº4.

Se desgaja el montante con claridad: 7.627,10 euros en intereses y 360 euros en gastos de cobro, vinculados al retraso en certificaciones de la obra de la pasarela peatonal de Cervantes. Datos concretos, certificados por la documentación aprobada por la Junta de Gobierno Local y trasladados por el grupo municipal del PP como denuncia pública.

¿Quién asume la responsabilidad política y administrativa de este coste añadido? El grupo popular lo atribuye a la gestión del equipo de Toni Francés, y la concejala Amalia Payá no duda en calificar al Ayuntamiento como “mal pagador”, incapaz de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. No se trata solo de reproche retórico: Payá subraya que la administración acaba pagando más dinero por no pagar a tiempo, una tautología dolorosa que convierte la desidia administrativa en un desembolso ciudadano.

La gravedad del caso reside en que fue preciso acudir a la vía judicial para reclamar lo que debería haber sido gestionado administrativamente: intereses derivadas de pagos demorados que, según la sentencia, el consistorio debía abonar. El Ayuntamiento ha reconocido la condena y aprobado el depósito de las cantidades fijadas, pero el hecho de que la solución llegara tras una resolución judicial plantea preguntas claras sobre diligencia, transparencia y control interno.

Exigir explicaciones al alcalde y pedir transparencia no es capricho partidista; es una exigencia cívica. Cuando la ineficacia administrativa se convierte en coste, el bolsillo del contribuyente —no el de la administración— asume el sobreprecio de la mala ejecución. Eso es lo que revelan los hechos: una condena judicial, cifras exactas y una obra concreta afectada.