La enseñanza valenciana no admite indiferencias: el pulso que obliga a actuar

La imagen es nítida y contundente: más de 35.000 docentes recorrieron el centro de Valencia en la quinta jornada de una huelga indefinida que reclama mejoras para la educación pública. No es una algarada de ocasión ni un gesto simbólico pasajero; es la expresión masiva de un colectivo que exige respuestas tangibles.

Las reclamaciones están explicitadas y no admiten rodeos: bajada de ratios, menos burocracia, incremento de plantillas y recursos, y la revisión salarial. Paradójicamente, esta última cuestión quedó fuera de la mesa en la reunión del jueves pasado, decisión que sorprendió y encendió la indignación de los cinco sindicatos convocantes. No es, por tanto, un problema retórico: son demandas concretas, con impacto presupuestario y con repercusiones inmediatas en la calidad educativa.

La Conselleria de Educación ha presentado una propuesta que la mesa sectorial ha rechazado y cifra en más de 2.400 millones el coste de las medidas reclamadas. La negociación se reanuda este lunes, con la consellera Carmen Ortí al frente de las conversaciones y con la obligación de aportar una memoria económica que explique cómo encajar las demandas. El Gobierno valenciano advierte, con la realidad por delante, que la mejora salarial se realizará "en función de las posibilidades que haya".

En el plano político ha estallado la disputa: el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene que la cuestión es una negociación sindical; el PSOE exige que el jefe del Ejecutivo se implique personalmente y reprocha que el presidente "se borre" de la crisis, como denunció la secretaria general socialista Diana Morant. Esa acusación ha provocado la réplica inmediata del PPCV: su secretario general, Carlos Gil, habló de "deslealtad institucional" al entender que una ministra debería buscar soluciones y no "agitar la pancarta política".

No es baladí la apelación a la responsabilidad institucional. El PP recuerda que Educación ha celebrado 29 mesas de negociación con los sindicatos este curso y defiende la búsqueda de un calendario de mejoras; los sindicatos, por su parte, piden que la revisión salarial aparezca en las mesas y critican que la propuesta anterior —1.050 euros brutos en tres años, es decir 75 euros brutos más al mes— no fue suficiente.

La tensión presupuestaria, además, se cuela en el debate: el PP apunta a la infrafinanciación como obstáculo, mientras que los socialistas alegan que otros criterios fiscales y la aceptación de un nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España permitirían disponer de más recursos. Son argumentos distintos para un mismo problema: cómo pagar mejoras que el profesorado demanda y que la comunidad educativa considera urgentes.

No es un fenómeno aislado: la reivindicación docente se replica en otros territorios. En Cataluña, por ejemplo, el contexto sindical también se ha traducido en jornadas de huelga y cortes de carreteras, con paros convocados por territorios y una huelga general educativa anunciada para el martes. La reivindicación del profesorado adquiere así dimensión nacional y evidencia que la cuestión de la educación pública exige respuestas sólidas y coordinadas.

Queda, pues, una exigencia clara y patriótica: gobernar con responsabilidad. Cuando la escuela pública convoca y moviliza masivamente, cuando las demandas tienen números y plazos, la política no puede refugiarse en tutelas administrativas ni en acusaciones mutuas. Hacen falta propuestas creíbles, liderazgo efectivo y una hoja de ruta económica que explique a la sociedad cómo se van a materializar las mejoras. El tiempo de la retórica ha acabado; el tiempo de las soluciones ha comenzado.