La encrucijada del gas: dependencia y soberanía en manos del fracking

México vive hoy una paradoja que no admite fácil complacencia: necesita energía para sostener su vida económica y social, pero gran parte de esa energía llega por una tubería ajena, susceptible a decisiones políticas, fallos naturales o tensiones externas.

Los números, que no son opiniones, dibujan la desventura. De los aproximadamente 9.000 millones de pies cúbicos de gas natural que requiere al día el país, apenas produce 2.300; los 6.800 restantes —el 75%— provienen del mercado estadounidense, en su mayoría del estado de Texas. Más de la mitad de ese gas se destina a producir electricidad. ¿Consecuencia? Una vulnerabilidad manifiesta: almacenamiento para apenas tres días y fuentes alternativas incapaces de cubrir la demanda de 130 millones de habitantes.

La presidentA Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda y de consecuencias profundas: ¿seguir aceptando esa dependencia o explorar, con rigor científico, la explotación del gas no convencional mediante fracking? Ella reconoce su oposición previa al fracking, pero invita a examinar si nuevas tecnologías pueden reducir impactos ambientales. No es una confesión de dogma; es una convocatoria a deliberar sobre soberanía y viabilidad futura.

No se trata de romanticismos ni de consignas. Un país que pasó el pico de producción nacional de gas en 2009 y que ve declinar sus fuentes tradicionales, enfrenta la lógica inexorable de aumentar importaciones. Si se elimina del cómputo el gas que Pemex usa para su propia actividad petrolera, la dependencia estadounidense alcanza niveles aún más dramáticos para el resto de sectores.

Hay además otra arista del mismo problema: la caída de la producción petrolera obliga a importar casi la mitad de la gasolina y diésel que el país consume. Son realidades convergentes: menos petróleo propio, menos gas propio, más necesidad de fuentes externas. Y cuando las tensiones internacionales disparan precios o cuando una tormenta invernal corta el suministro —como ocurrió en 2021 y causó apagones—, la fragilidad del sistema queda al descubierto.

Sheinbaum combina en su plan una apuesta por renovar la matriz energética —elevar la participación de renovables del 24% al 38% en 2030— con la apertura a evaluar científicamente técnicas controvertidas. Es una mezcla de ambición y pragmatismo: las renovables avanzan, pero no bastan a corto y medio plazo para cubrir el crecimiento de la demanda.

El debate que se abre no admite simplificaciones: no es solo un asunto técnico, ni solo ambiental, ni solo geopolítico. Es la discusión sobre la forma en que un país quiere garantizar la energía que sostiene hospitales, industrias y hogares. Y también, sobre la forma en que se toleran riesgos externos cuando la alternativa es explorar métodos controvertidos dentro del propio territorio.

Preguntas retóricas quedan en el aire y deben afrontarse con datos y diálogo riguroso: ¿prefiere México aumentar su exposición a interrupciones externas o buscar una mayor autonomía con opciones que generan resistencias internas? ¿Puede la ciencia y la regulación mitigar los impactos ambientales del fracking hasta volverlo aceptable? Son preguntas que la sociedad mexicana debe responder, con la prudencia que exige la magnitud del riesgo y la claridad que imponen los hechos.

No hay banderas fáciles que oculten esta encrucijada. Hay, sí, la obligación de someter cualquier decisión a evaluación técnica y transparencia, y la urgencia de diseñar una política energética que reduzca vulnerabilidades sin renunciar a la protección del medio ambiente ni a la seguridad de las comunidades.