Junts planta cara y complica la prórroga de los alquileres

Junts ha decidido no transigir. A poco más de 24 horas de que el Congreso vote el real decreto que prorroga los alquileres, la formación vinculada a Carles Puigdemont ha confirmado su rechazo al texto en los términos actuales y niega que exista negociación con el Ejecutivo. Es un portazo político que altera el calendario y pone a prueba la capacidad de maniobra de la coalición.

Sumar, por su parte, ha intentado abrir una rendija. En las últimas horas la formación se ha mostrado disponible a aceptar algunas concesiones planteadas por Junts, y sus ministros han trasladado un llamamiento expreso al PSOE para que se implique más en la negociación. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha dicho que hay matizaciones aceptables y que ciertas medidas fiscales y bonificaciones podrían ser transitadas sin que ello impida la convalidación. Ernest Urtasun, portavoz de Movimiento Sumar, también ha reclamado a Junts y al PSOE voluntad para que la norma salga adelante.

Junts no solo se limita a decir no; expone exigencias concretas: desgravaciones por alquileres e hipotecas, que la venta de la vivienda habitual de mayores de 65 años en residencia no tribute en el IRPF, y medidas para autónomos como la eliminación del IVA por debajo de los 85.000 euros y la rebaja de la cuota. Son propuestas que, según fuentes del propio partido, no dependen de los departamentos de Sumar y marcan la línea roja de su apoyo.

El Gobierno siente la presión. Sumar enfatiza que la prórroga es una medida urgente para millones de personas y reclama negociar hasta el último minuto. Bustinduy ha defendido públicamente que la prórroga ofrece un alivio esencial para tres millones de personas y que existe margen para cerrar acuerdos en las horas previas a la votación. No obstante, desde Junts se insiste en que el real decreto, en su redacción actual, no será convalidado por su grupo.

En el Congreso se cruzan advertencias y urgencias: la líder de Podemos ha instado al Gobierno a preparar un plan B ante la previsible caída del decreto; desde Sumar subrayan la obligación de intentar negociar incluso con PP, Vox y Junts; y ministros socialistas han pedido a sus equipos mayor implicación en la negociación. La sensación es de un pulso político donde cada actor comprueba hasta qué punto está dispuesto a arriesgar la norma o a ceder en sus vetas programáticas.

El desenlace depende ahora de una mezcla de voluntad política y cálculo parlamentario. Junts ha dejado claro su no, Sumar ha ofrecido concesiones parciales y ha exigido que el PSOE actúe con más responsabilidad en la trastienda. Mañana corroborará si esta voluntad negociadora ha sido suficiente o si, como admiten varios dirigentes, el real decreto se desmorona y exige alternativas para proteger a inquilinos y pequeños propietarios.