Cuando la política cambia de aliados: Sumar mira al PP mientras el PSOE sigue la estela de Marruecos

La apuesta legislativa de Sumar para conceder la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara Occidental bajo administración española ha provocado una dinámica política tan inesperada como reveladora. Una ley que el pequeño socio del Gobierno impulsó —procedente de la legislatura anterior y registrada el año pasado— se encuentra ahora en la antesala de su ponencia en la Comisión de Justicia del Congreso.

Fue en febrero cuando la toma en consideración obtuvo mayorías: el PSOE fue el único en votar en contra, Vox se abstenó y el resto, incluido el PP, dieron su respaldo. Pese a ello, el PSOE ha bloqueado desde entonces la tramitación parlamentaria. Hecho irrefutable: la posición del partido socialista se alinea con las tesis marroquíes tras el giro ordenado por su liderazgo en 2022, y esa alineación condiciona el devenir de la norma.

La política, que tantas veces se enreda en compromisos y equilibrios, ha mostrado ahora su rostro práctico: la regularización extraordinaria de miles de inmigrantes ha dejado fuera a los apátridas. Ese vacío administrativo afecta de manera singular a los saharauis, muchos de los cuales se encuentran sin nacionalidad reconocida. Al constatar ese efecto, Sumar ha intensificado la presión sobre su socio de coalición para que permita la convocatoria de la ponencia que se celebra mañana.

El escenario que se abre es claro y tenso. Sumar contempla sostener esa mayoría que en febrero apoyó la toma en consideración y valora recurrir al PP para sacar adelante la iniciativa parlamentaria: un recurso a la oposición en aras de culminar un trámite que el socio mayor del Gobierno obstaculiza. En palabras del portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, el espacio de Sumar aspira a "mantener esa mayoría" que ya votó a favor.

Queda, sin embargo, camino por recorrer: la ponencia es solo el inicio. La comisión debe trabajar el texto y posteriormente sometérselo al Pleno; el PP, según la información, pidió la avocación. Pero el dato central no admite ornamento: existe sintonía entre las demandas de Sumar y las del PP sobre esta materia, y la negativa del PSOE —documentada en la votación de febrero y en su actitud posterior— obliga a buscar apoyos fuera del Gobierno si se quiere dar respuesta legislativa a la situación de los saharauis apátridas.

No se trata de hipótesis: son hechos que describen una fractura interna del Ejecutivo y una política exterior que condiciona decisiones de derecho y de humanidad. Que un socio de Gobierno valore apoyarse en la oposición para proteger a personas sin patria es, en sí mismo, un termómetro de la tensión entre lealtades de coalición y responsabilidades hacia ciudadanos afectados por históricas realidades territoriales.

La ponencia de mañana será, en consecuencia, una prueba de la capacidad del Congreso para anteponer la ley y la protección de apátridas a los cálculos diplomáticos y partidistas. Los hechos consignados no permiten más adornos: la tramitación está en marcha, el PSOE se opone, Sumar busca respaldo en el PP y los saharauis apátridas esperan que la política cumpla su deber jurídico y humano.