La defensa denuncia motivaciones y exige luz en la causa contra Begoña Gómez

La estrategia de la defensa es tan simple como tajante: forzar que la investigación se ajuste a la claridad procesal que exige cualquier Estado de Derecho. Antonio Camacho ha presentado un nuevo recurso para impedir que Begoña Gómez sea enjuiciada por un jurado popular, y lo hace señalando, sin ambages, lo que considera un defecto esencial en la instrucción: la falta de motivación y la ausencia de delimitación de los hechos.

El letrado sostiene que la única conclusión que puede extraerse de la actuación del juez Juan Carlos Peinado es que actúa "por ser cónyuge del presidente del Gobierno". No es una metáfora retórica; es la tesis central del recurso. Camacho reitera la posición mantenida a lo largo de la instrucción: no hay indicios contra Gómez que justifiquen esta deriva procesal y, en su lugar, se han vertido conjeturas que, a su juicio, no alcanzan categoría probatoria.

El reproche no se limita a una acusación ad hominem: la defensa denuncia que Peinado desestimó las quejas sin motivación y que, incluso, "copió la fundamentación jurídica de un auto distinto", dictado en otro contexto y sobre otro objeto procesal. Exige, por tanto, que la Audiencia exija al juez una mínima determinación de cuáles son los hechos imputados a cada investigado; porque, según Camacho, esa delimitación "no se ha hecho en ningún momento" y produce "una confusión evidente" y una "indefensión material constitucionalmente relevante".

Los hechos materia de investigación, fijados por el propio auto y por las querellas que impulsaron la causa, no son ajenos al debate: el procedimiento arrancó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias y se amplió con querellas de Hazte Oír y Vox. El juez ha investigado presuntos delitos relacionados con la actividad profesional de la esposa del presidente —su relación con empresarios, su vinculación laboral con la Universidad Complutense de Madrid y el desarrollo de un software para la UCM— que motivan imputaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Asimismo, se investigan posibles desvíos de fondos públicos por la contratación de Cristina Álvarez, lo que sustenta la tesis de la malversación. El instructor llegó a atribuir inicialmente intrusismo, pero esa hipótesis fue descartada.

La defensa rebate con hechos y testimonios: recuerda que Gómez dirigía un máster en la Complutense antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y subraya que los responsables de la universidad han declarado de forma unánime que no existían irregularidades en los nombramientos. Camacho tacha de "inaceptable" la afirmación de que Gómez habría mediado para la concesión de una subvención a una UTE en la que participaba una mercantil vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. Y apunta, además, a la condición procesal distinta en otro expediente: la esposa figura como testigo en la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre adjudicaciones que podrían afectar a fondos comunitarios.

No es la primera vez que la defensa plantea estas objeciones: en el recurso de queja del 20 de abril ya cuestionó la premisa del juez sobre una supuesta "inmediata y significativa" transformación de la trayectoria profesional de Gómez con la llegada de Sánchez al Ejecutivo y denunció la construcción, "ab initio", de un relato del presunto tráfico de influencias. La nueva presentación ante la Audiencia reclama ahora una respuesta más precisa y motivada: que se expliciten los hechos que se imputan, que se razone el cambio de criterio procesal y que se evite que la causa naufrague en conjeturas que, según la defensa, acaban por criminalizar el vínculo matrimonial.

La petición a la Audiencia Provincial de Madrid es, por tanto, una exigencia de claridad procesal y de respeto a las garantías. No se pide la sumisión de la justicia a la opinión pública, sino que la propia instrucción cumpla las condiciones mínimas de motivación y delimitación que permitan a los investigados conocer exactamente de qué se les acusa y por qué. En una investigación que ha acumulado cerca de treinta tomos y decenas de declaraciones, esa exigencia no es retórica: es el fundamento de la defensa de un derecho que trasciende a la persona y toca el principio de seguridad jurídica imprescindible en una democracia.