La defensa de la independencia que exige la Justicia frente a las descalificaciones del poder

La Junta General de Jueces de Instrucción de Badajoz, presidida por la magistrada Beatriz Biedma, ha hablado con claridad y con la gravedad que exige el momento: "la ley es igual para todos, sin privilegios". No es una proclama retórica: es la premisa constitucional que sostiene la credibilidad del Estado. Cuando quienes ejercen responsabilidades en el Ejecutivo se permiten cuestionar la independencia judicial, la respuesta de los jueces no puede ser tibia ni complaciente.

Veintitrés firmas han plasmado hoy un respaldo expreso a la labor de los jueces, en un acta consensuada que, según ha publicado EL MUNDO, pretende poner de manifiesto un principio elemental. No se trata de postureo corporativo; se trata de recordar que los integrantes del Poder Judicial cumplen una función constitucional y de servicio público a los ciudadanos. Esa función exige respeto, protección y un entorno en el que la instrucción de causas pueda desarrollarse sin interferencias políticas.

La referencia en el comunicado a "las descalificaciones procedentes de quienes ostentan cargos en el Ejecutivo" no es casual. Llega tras los reproches del ministro de Justicia, Félix Bolaños, al juez Juan Carlos Peinado por el auto de procesamiento dictado contra Begoña Gómez. Esa tensión entre poder político y órgano judicial obliga a recordar lo obvio: la separación de poderes no es un adorno, sino un pilar que garantiza igualdad de trato y seguridad jurídica.

La firma y presidencia de Beatriz Biedma tienen además un marco local de resonancia. Biedma, que preside la Junta desde noviembre y es titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, conoce de cerca las presiones que una investigación judicial puede suscitar: su instrucción sobre el caso que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón sufrió, según consta en la información, presiones y hasta intentos de obstaculización. Esa experiencia dota de peso moral y profesional al pronunciamiento de su Junta.

No se exige de los jueces heroísmo, sino sentido del deber y garantías institucionales. El comunicado de Badajoz reclama, en esencia, que se respete el marco que permite a la Justicia actuar con independencia. Si la crítica política degenera en descalificación personal y en cuestionamiento sistemático de las resoluciones judiciales, el daño no es sólo a un magistrado: es a la confianza pública en el Estado de Derecho.

La declaración de la Junta es, por tanto, un aviso sereno pero firme: la igualdad ante la ley es no negociable. Los jueces han puesto en palabras lo que la Constitución impone en hechos. Corresponde ahora a los demás poderes del Estado escuchar y actuar con la responsabilidad que la democracia reclama.