La cuenta que no cuadra: 87.264 euros que desvelan la madeja Azud

La crónica, fría en números pero caliente en consecuencias, la firman ahora los datos. Según los informes incorporados al procedimiento Azud por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el Grupo Axis habría abonado 87.264,14 euros a una mercantil del Grupo Engloba para costear los trabajos de la campaña electoral del Partido Popular en Xixona en 2007, con la candidatura de Rosa María Verdú.

No es un apunte contable menor: ese porcentaje de gasto electoral se inscribe, según los investigadores, en la misma operativa que rodea al PAI El Espartal. El informe recoge pagos que habrían sido percibidos por José Luis Vera —abogado y exresponsable jurídico de Divalterra— y apunta a servicios facturados a proveedores en beneficio del PSOE como forma de satisfacer parte de una supuesta comisión.

La UCO coloca sobre la mesa una cifra redonda y brutal en su dimensión: un convenio que permitió proseguir la tramitación administrativa del PAI habría tenido como contrapartida una comisión de dos millones de euros. En el reparto que registran los informes, los presuntos destinatarios serían Vera —563.500 euros— y el PSOE —615.823,5 euros—, mientras que parte de lo atribuido al partido se habría satisfecho mediante el pago de diversos servicios a proveedores vinculados al mismo.

Los papeles no se quedan en Xixona. El análisis policial atribuye a Vera, directamente o a través de su mercantil Vera Llorens SLU, recibos del Grupo Axis por 1.034.186,36 euros entre 2007 y 2012. Esos apuntes se vinculan a operaciones urbanísticas concretas: la operación 'Colegios' (con un pago asociado de 150.000 euros), el PAI El Espartal en Xixona, el Plan Especial 'Desierto de las Palmas' en Benicàssim y el PAI 'La Capella' en Burjassot.

Los investigadores detallan contactos y reuniones: alusiones a Rafael Rubio en relación con cobros en efectivo; encuentros vinculados al Desierto de las Palmas con Francesc Colomer; y notas localizadas en los dispositivos de Vera que remiten gestiones dirigidas al entorno del Ministerio de Administraciones Públicas. Todos esos elementos forman parte del conjunto probatorio que obran ya en la Sección de Instrucción del Juzgado número 13 de Valencia, encargado de la instrucción del caso.

El procedimiento Azud, definido por los agentes como una trama de presuntas "mordidas" a cambio de adjudicaciones de obra pública y de facturas supuestamente ficticias, suma ahora estas carpetas que apuntalan la hipótesis de pagos a partidos políticos y a intermediarios vinculados a administraciones. Los informes de la UCO no declaran sentencias ni pronunciamientos judiciales: describen movimientos económicos y vínculos que la investigación está obligada a verificar.

Que sean los tribunales los que pongan luz sobre estas anotaciones. Pero la ciudadanía tiene derecho a conocer los hechos que aparecen en autos: pagos por 87.264,14 euros para una campaña municipal; un convenio que, según la UCO, habría generado una comisión de dos millones; importes asignados a Vera y, en paralelo, apuntes que relacionan a proveedores y partidos. Todo ello conforma un mapa al que corresponde dar respuesta en sede judicial y política.