La creación de 200 fiscales: ¿transformación o maquillaje de cifras?

Félix Bolaños ha puesto sobre la mesa 200 plazas nuevas para el Ministerio Fiscal y ha trazado su reparto territorial: Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan más de la mitad de esa oferta, con 38, 35 y 32 nuevas plazas respectivamente. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, acompañó al ministro en la rueda de prensa que ha servido para oficializar el reparto.

El Ministerio afirma que la propuesta se ha consensuado “hasta el último detalle” con la Fiscalía General y proclama que la plantilla pasará de 2.804 a 3.004 plazas, describiendo la medida como la “mayor de la historia”. A simple vista, cifras rotundas; en la práctica, matices que exigen escrutinio.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ya alertó que antes de crear plazas habría que ejecutar un estudio “realista”, y relativiza el impacto: recuerdan que en la última década existe un déficit de 177 plazas, de modo que muchas de las 200 nuevas sencillamente vendrían a cubrir vacantes históricas y no a incrementar sensiblemente la capacidad operativa.

Otro dato objetivo: los órganos centrales de la Fiscalía —entre ellos la Fiscalía General, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional— recibirán 18 de esas nuevas plazas. Es una asignación precisa, que conviene poner en relación con la distribución territorial anunciada.

El Gobierno sostiene que la asignación se ha hecho tras un estudio pormenorizado que contempló “la carga de trabajo y el dimensionamiento actual de las plantillas”. Sin embargo, las asociaciones fiscales apuntan que se desconocen los parámetros concretos que seguirá la Administración para fijar estas nuevas plazas, y subrayan que la eliminación del criterio de tasa de reposición el año pasado cambió la regla del juego.

Ante una proclama de transformación —que el Ejecutivo califica de la mayor en décadas— la evidencia exige preguntas candentes y respuestas verificables: ¿cuánto de esa “transformación” es realmente expansión y cuánto es reposición de déficit? El contraste entre la pompa del anuncio y la cautela de la carrera fiscal no es mera semántica: es la diferencia entre una reforma estructural y un maquillaje estadístico. El ciudadano merece claridad, medidas precisas y parámetros públicos: la justicia no admite opacidad cuando se habla de su personal básico.