La convocatoria en Semana Santa: un juez persiste y la política aguarda

Hay decisiones judiciales que caen como un tambor en la plaza pública: suena el golpe y todos miran. El magistrado Juan Carlos Peinado ha vuelto a dar uno de esos golpes. Tras la anulación por la Audiencia Provincial de Madrid de su anterior decisión por falta de argumentación, Peinado ha optado por reabrir el camino que había visto cerrado y ha citado a Begoña Gómez a comparecer el 1 de abril, a las 12:00, en plena Semana Santa. No está sola en la citación: también figuran su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, igualmente imputados.

La Audiencia de Madrid reprochó en febrero la ausencia de un “mínimo esfuerzo argumentativo” cuando el instructor transformó la causa en un procedimiento con jurado popular. Lejos de retroceder, el juez ha presentado ahora un escrito de 47 páginas en el que insiste en la existencia de una “verosimilitud delictiva” que justificaría los delitos que investiga: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. Esa insistencia reaviva el pulso entre la actuación del instructor y los criterios de la instancia superior.

Peinado desarrolla, en su decisión, una narrativa centrada en la posición de la imputada como “esposa del presidente del Gobierno” y en la supuesta utilización de esa condición para favorecer un cambio "radical" en su trayectoria profesional. Señala la actividad académica y los vínculos de Begoña Gómez con directivos y empresas, y critica la naturaleza de la cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense: a juicio del instructor, la captación de fondos no apareció como un patrocinio universitario ordinario, sino como parte de un circuito de relaciones alrededor del proyecto impulsado por ella.

El juez también aborda la presencia y funciones de la asesora de La Moncloa, subrayando que no actuaba como "mera acompañante ocasional" en actos protocolarios sino como apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica de Gómez, apuntando a una posible malversación de fondos públicos pagados por la Presidencia.

No es nuevo que Peinado fije comparecencias en días poco habituales: ya había programado interrogatorios en fines de semana y en la Semana Santa de 2025 interrogó al ministro Félix Bolaños. Tampoco es nueva la respuesta práctica de la defensa: cuando la causa se convirtió por primera vez en procedimiento por jurado, el pasado año, solo acudió el abogado de la imputada. El exministro Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, amparó entonces la ausencia en una circular de la Fiscalía que alegaba que "la presencia del imputado no es indispensable".

Que la convocatoria se haga coincidir con la Semana Santa añade una dimensión política y simbólica que no puede soslayarse: la decisión vuelve a poner en el foco, y en un periodo festivo, una investigación que tiene al núcleo del Ejecutivo y a su entorno en el centro del escrutinio. Ahora queda por ver si la citada acudirá a la llamada judicial. Y, más allá de esa probabilidad, queda la cuestión esencial que lanzó la Audiencia: ¿se ha cumplido el requisito de motivación y argumentación exigible para dar un paso tan relevante como someter la causa a jurado popular? El juez cree que sí; la instancia superior ya dijo lo contrario una vez. El conflicto procesal, y la tensión política que arrastra, siguen abiertos.