La confianza traicionada: 134.000 euros que avergüenzan a la comunidad escolar

Que la gestión de una asociación de padres y madres de alumnos derive en un escándalo económico debería escandalizarnos a todos. La Fiscalía solicita tres años de prisión para el expresidente de la asociación de padres del colegio Maristas de Alicante (Apamar) por un delito continuado de apropiación indebida: se le atribuye haberse quedado con más de 134.000 euros entre 2015 y 2021, periodo en el que ejerció el cargo.

El relato de los hechos, contenido en el escrito de acusación, describe una confianza institucionalizada que se aprovechó de forma reiterada. El procesado asumía la gestión administrativa y económica de la asociación; los distintos tesoreros, según la Fiscalía, se limitaban a firmar las órdenes de transferencia que aquel les presentaba, sin conocer el destino real de los fondos. Esa desidia o esa delegación acrítica permite hoy un agujero financiero y una crisis ética ante toda la comunidad educativa.

El asunto salió a la luz en 2021 cuando una nueva junta directiva reclamó explicaciones sobre movimientos contables que no encajaban. En ese momento el investigado reconoció haber retenido 117.000 euros y devolvió esa cantidad, circunstancia que la Fiscalía valora como atenuante por reparación del daño. Pero el Ministerio Público mantiene la acusación penal porque, según su calificación, aún restan 17.000 euros por justificar.

Los movimientos parciales de devolución han sido variados y públicos: según la información disponible, el primer expresidente denunciado, identificado como Francisco Luis C., devolvió inicialmente 61.000 euros y posteriormente ingresó otros 56.340 euros. Esos importes fueron depositados en la cuenta judicial y restituidos a Apamar. Ahora, sin embargo, el juzgado y la Fiscalía se dirigen al proceso por la cantidad que falta por justificar.

No es un hecho aislado en el tiempo: la causa se encuentra en fase de enjuiciamiento y la Fiscalía sostiene que el acusado actuó de manera continuada durante los seis años en los que dirigió la asociación, aprovechando su posición para disponer de fondos que no le pertenecían. Ese adjetivo —continuada— es más que técnico: describe un modus operandi que erosionó la confianza de padres y madres en quienes administran recursos colectivos.

La sombra de la apropiación se prolonga: otro ex presidente del AMPA fue detenido en septiembre de 2023 por haberse apropiado de 28.000 euros de la cuenta del Servicio de Ayuda Escolar, según las noticias publicadas. Ese segundo ex presidente fue juzgado y condenado a dos años de prisión, con suspensión de la pena condicionada al pago de cuotas mensuales para satisfacer una indemnización pendiente de más de 25.000 euros; antes del juicio ya había abonado 3.000 euros.

Estos episodios obligan a una reflexión severa: no se trata sólo de sancionar penalmente a los responsables, sino de fortalecer controles, exigir transparencia y proteger al colectivo más vulnerable en estas polémicas: las familias y los alumnos. La restitución parcial del dinero es un gesto necesario, pero la reparación íntegra y la ejemplaridad jurídica son demandas ineludibles para que la gestión asociativa recupere credibilidad.

Que la comunidad educativa repose en la confianza exige medidas concretas: rendición de cuentas, supervisión periódica y protocolos que impidan que una sola persona concentre la llave de las arcas. Si no actuamos con dureza y claridad, la confianza seguirá siendo moneda débil frente a la codicia y la negligencia.