La Comunidad Valenciana al borde del colapso escolar: huelga indefinida y un Consell contra las cuerdas

La Comunidad Valenciana amanece inmersa en un pulso de enorme calibre: 80.000 maestros y profesores llamados a una huelga indefinida que puede paralizar el final del curso en Primaria y Secundaria. No es una protesta menor ni un eslogan vacuo: es la primera gran movilización contra el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca desde su llegada al Palau en noviembre, y llega apoyada por los cinco sindicatos del profesorado y por los estudiantiles, algo que no se veía con esta magnitud desde 2012.

Los datos de seguimiento dan ya signos de la tensión. La Conselleria ofreció el primer avance del 23,96% y lo elevó hasta el 47% a las 13 horas; los sindicatos hablan de un seguimiento cercano al 90%. Esos porcentajes no son meras cifras: son el termómetro de una profesión que dice sentirse castigada. Entre las 40 reivindicaciones presentadas en las Mesas de Trabajo emergen demandas que tocan al corazón del sistema escolar: bajar la ratio, reducir la burocracia, cubrir bajas, incrementar plantillas, invertir en infraestructuras, proteger el valenciano y recuperar poder adquisitivo perdido.

Sobre lo salarial descansa buena parte del conflicto. Los docentes valencianos se consideran los peor pagados de las autonomías y denuncian una pérdida de poder adquisitivo del 20% en la última década. Reclaman una recuperación que cifran en entre 300 y 525 euros al mes. La Conselleria respondió con una oferta —1.050 euros brutos en tres años, equivalentes a 75 euros brutos mensuales— que los sindicatos consideran insuficiente. La Generalitat arguye que las demandas alcanzarían los 2.400 millones, una cifra que califica de inasumible por la infrafinanciación y los presupuestos prorrogados.

No es baladí recordar el contexto histórico: la última actualización salarial significativa data de contratos y complementos cerrados entre 2007 y 2010, mientras que las únicas subidas posteriores han sido las generales para funcionarios. Los sindicatos reclaman la recuperación de lo perdido; la Administración exhibe medidas ya adoptadas: 8.082 docentes contratados (más de 5.000 en los dos últimos cursos) y 160 millones invertidos en infraestructuras durante la legislatura. Ambas posiciones tienen epílogos distintos: una ve insuficiencia, la otra apunta avances con límites presupuestarios.

La negociación se enquista y el conflicto adopta también una dimensión política y de relato. La Conselleria interpreta este choque como un pulso económico con carga política, atribuyendo a la izquierda la intención de paralizar el final de curso y convertir el descontento de las familias en arma contra el Gobierno valenciano. Los sindicatos, por su parte, denuncian el señalamiento que suponen las apelaciones públicas de los responsables autonómicos a cumplir servicios mínimos y a no convertir alumnos y familias en "rehén" del conflicto.

La cuestión judicial se ha colado en la disputa: la propuesta de servicios mínimos que incluía a todos los profesores de Bachillerato, para proteger a quienes se examinan en las pruebas de acceso a la universidad, fue recurrida por dos sindicatos y ahora espera resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, la carta remitida por la consellera Carmen Ortí a las familias y las advertencias del secretario autonómico, Daniel McEvoy, piden responsabilidad y apelan a la protección de los más vulnerables. Los sindicatos responden que estas llamadas no son soluciones sino intentos de división.

Frente a la protesta hay calendarios y mesas de negociación, y la Administración insiste en que hay cuestiones "solucionadas o en vías de solución". Pero la brecha sobre lo salarial y las condiciones estructurales del sistema educativo persiste. La pregunta que queda en el aire, urgente y sencilla, es si habrá voluntad política real para cerrar esa brecha o si este conflicto —con sus efectos sobre alumnos, familias y centros— quedará como un hito más de la política incapaz de conciliar recursos, derechos y responsabilidad pública.