La comisión de las VPP de Alicante encalla: ausencias y silencio institucional

La cuarta sesión de la comisión municipal sobre las viviendas de protección pública de Residencial Les Naus ha vuelto a dejar en evidencia la fragilidad de un procedimiento que pretende arrojar luz y, sin embargo, encalla entre ausencias y dudas.

Seis representantes políticos citados para explicar el inicio de la tramitación del expediente de venta de la parcela municipal optaron por no comparecer. Entre ellos figuran exalcaldes y exconcejales que, por diferente razón, prefirieron guardar silencio ante la comisión. La ausencia colectiva no es un hecho menor: es una rendija por la que se escapan las respuestas que los ciudadanos esperan.

La incógnita sobre la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, persiste. Preguntado expresamente por la portavoz socialista, Ana Barceló, el equipo de gobierno no despejó si el primer edil responderá al llamamiento, pese a que el propio Barcala había deslizado su intención de comparecer tanto en la comisión municipal como en la comisión de les Corts. El presidente de la comisión, Manuel Villar, subrayó que no se ha bloqueado ninguna solicitud de comparecencia y que se seguirá requiriendo a quienes se acuerde llamar; acto seguido devolvió la decisión a la voluntad individual de cada convocado.

El informe del secretario municipal, que sitúa en la esfera de la voluntariedad las comparecencias, añade una capa más de incertidumbre y abre una pregunta incómoda: ¿cómo avanzará la investigación si la palabra pública no puede ser exigida? El argumento técnico no anula la necesidad política de rendición de cuentas.

Tampoco se disiparon las dudas sobre la documentación reclamada en el seno de la comisión. El vicealcalde anunció que se volverá a contactar con el Patronato de la Vivienda para precisar la localización de la información vinculada al Plan Vive. Y en materia de expedientes internos y del informe de la Policía Local sobre la ocupación de las viviendas, Villar recordó que la Secretaría deberá concretar qué se puede facilitar sin vulnerar la Ley de Protección de Datos.

La sesión, además, devolvió el reflejo de las posiciones corporativas: los grupos progresistas acusaron al equipo de gobierno de poner trabas a la labor investigadora; Vox replicó señalando la ausencia de líderes del tripartito que gobernó entre 2015 y 2018; y EU Podem reclamó los informes internos que, a día de hoy, permanecen sin verse en la comisión.

En paralelo, el portavoz de EU Podem destacó una precisión sobre el origen del procedimiento de enajenación de la parcela: según su intervención, fue impulsado por el PP tras su llegada al gobierno en abril de 2018, al entender que el tripartito lo había dejado sobre la mesa. Esa puntualización añade una pieza al puzle político que la comisión pretende armar.

Si la comisión quiere cumplir su cometido —aclarar hechos, atribuir responsabilidades y extraer lecciones para que no se repitan errores— deberá superar dos obstáculos inmediatos: la comparecencia efectiva de quienes pueden aportar datos y la entrega completa de la documentación solicitada. Sin cesiones ni ambigüedades.

La ciudad demanda explicaciones. Los procedimientos técnicos y las salvaguardias legales no deben convertirse en coartada para la opacidad. La comisión tiene la oportunidad —y la obligación— de transformar el ruido de las ausencias en certezas documentales y testimoniales. Queda por ver si la voluntad política estará a la altura del deber.