La cloaca del PSOE y el caso Isofotón: tentáculos que alcanzan a la cúpula

La información conocida sobre la agenda de Leire Díez dibuja una trama de interferencias que conviene examinar con rigor. En las anotaciones de quien ha sido llamada la "fontanera" del PSOE figura, con nitidez, la referencia a las diligencias previas número 3268/2015 instruidas en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla por el caso Isofotón. Y, junto a esa referencia procesal, una observación que no puede pasarse por alto: "los fiscales apuntan hacia María Jesús Montero".

No inventamos conexiones: la propia Fiscalía Anticorrupción había pedido a la juez instructora una decena de acuerdos adoptados por los gobiernos andaluces presididos por Chaves y Griñán entre junio de 2007 y julio de 2012. Precisamente en ese intervalo Montero ocupó cargos en la Junta de Andalucía y asistió, como consejera, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 3 de julio de 2012, reunión en la que se modificó la propuesta que permitió un préstamo de 8,3 millones a Isofotón, operación que figuró en la investigación.

No fue ella la única persona vinculada a aquel escenario: el hoy ministro de Agricultura, Luis Planas, también acudió a aquella reunión en 2012, cuando era consejero andaluz. Y Teresa Ribera, que más tarde trabajó en Isofotón como directora general entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, aparece asimismo en el relato periodístico de la causa. El dato esencial, solemnemente objetivo, es que ni Montero, ni Planas ni Ribera llegaron a figurar como investigados ni fueron citados por la juez instructora de Sevilla, aunque sus nombres reaparecieron de forma recurrente en la prensa sobre Isofotón.

La red de conexiones no se agota ahí. El diario apunta que Isofotón llegó a abonar más de 21.000 euros a Juan Carlos Martínez, vinculado familiarmente a la ex directora de la Guardia Civil, María Gómez, y que este tipo de enlaces aparecieron en otras pesquisas relacionadas con empresas beneficiadas con fondos públicos. Esos episodios derivaron en consecuencias políticas y judiciales distintas: dimisiones, investigaciones y, finalmente, sobre algunos implicados, archivo por errores procesales en la instrucción.

Y ese es el nudo donde se anuda la queja ciudadana: el caso Isofotón, instruido siete años en Sevilla, terminó archivado en octubre de 2022 por un defecto de forma —la instructora habría excedido en cuatro meses el plazo para acordar la prórroga de la investigación—. Un cierre procesal que, por la mecánica legal, dejó sin resolución material cuestiones de fondo sobre la gestión de 80 millones de euros supuestamente inyectados de manera irregular a la fotovoltaica malagueña entre 2005 y 2012.

La propia agenda de Leire Díez registra, además, la estrategia de defensa tejida en otro frente: la nota sobre la táctica de los abogados del PP para intentar responsabilizar a los consejeros que formaban parte del Consejo de Gobierno. No es un apunte baladí: el caso llegó a contar con 40 investigados, 37 de ellos ex altos cargos y directivos de la Junta en la época socialista. Entre ellos, los exconsejeros Francisco Vallejo, Martín Soler y Manuel Recio.

Los hechos publicados muestran, pues, una concatenación de sospechas, nombres y errores procesales que dejan a la vista una doble obligación democrática: por un lado, aclarar, con todas las garantías, lo sucedido en la canalización de fondos públicos; por otro, revisar cómo fallos formales pueden terminar por frustrar investigaciones complejas. La agenda de la "cloaca" que ahora investiga la Audiencia Nacional no es un mero apunte: es una prueba documental que exige respuestas, pero siempre desde la cautela de los hechos probados y sin saltarse la frontera entre la sospecha y la condena.

La política merece limpieza y transparencia; la justicia, eficacia y pulcritud en sus plazos. Ninguna de ambas se sirve bien con atajos ni con archivos por tecnicismos que, aunque procesales, resuelven en la práctica la impunidad de dudas que quedan en el aire. El ciudadano reclama certezas, y las certezas pasan por investigar hasta el fondo sin amiguismos y por depurar responsabilidades cuando proceda, no por amparar sombras con errores de tramitación.