La cita de Camarero ante la jueza: la gestión de la DANA en el banquillo de la verdad

La instrucción avanza y las piezas se van encajando en una imagen nítida: la catástrofe de la DANA de octubre de 2024, que dejó 230 muertos en la Comunidad Valenciana, ya no admite envoltorios retóricos. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha citado como testigo a quien fuera número dos de Carlos Mazón, la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, que comparecerá el 10 de junio y estará obligada a decir la verdad ante todas las partes.

Dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana descartara investigar al president Mazón por su actuación durante la emergencia, la instructora fija la declaración de la persona que, en ausencia del president, era la máxima responsable institucional. La decisión no es fortuita: se apoya en el informe de la Subdirección de Emergencias de la Generalitat que revela lo que muchos funcionarios y familiares sospechaban y que la investigación ahora somete a comprobación judicial.

El informe señala que Camarero apenas participó en la reunión del Cecopi —el órgano que gestionó la crisis y desde donde se adoptó la decisión crucial del Es-Alert, el envío masivo de avisos a móviles— y que estuvo conectada por videoconferencia 83 minutos. Mientras lo peor de la tragedia arreciaba, según la documentación, abandonó la gestión para acudir a un acto de entrega de premios de la patronal acompañada por el entonces conseller de Carreteras, Vicente Martínez Mus. Son hechos que la magistrada ha considerado pertinentes para aclarar responsabilidades.

Como titular de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Camarero ostentaba la responsabilidad sobre las residencias de mayores afectadas por la riada que desbordó el barranco del Poyo y anegó municipios como Paiporta y Catarroja, donde la DANA causó 55 y 25 víctimas respectivamente. En la residencia Salvia de Paiporta fallecieron seis ancianos. Esos datos forman parte del material probatorio que justifica interrogar a quienes tuvieron mando en la gestión y a quienes ofrecieron explicaciones públicas.

Camare‑ro fue, además, la cara visible de la versión oficial de la Generalitat sobre el papel del president y una de las principales defensoras de la llamada teoría del “apagón informativo”: la tesis de que organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar o Aemet no habrían informado con la suficiente dimensión de la tragedia a la administración autonómica. Sin embargo, decenas de autos avalados por la Audiencia de Valencia han desmontado esa versión, según consta en la instrucción.

La causa no se limita a la cúpula política. Junto a Camarero, la jueza ha citado como testigos a cuatro miembros de la CHJ, entre ellos la comisaria de aguas y una operadora del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el dispositivo que controla los caudales. Convocar a esos testigos implica indagar hasta el origen técnico de los avisos, comunicados y responsabilidades: no se trata ya de relatos públicos sino de contrastar hechos ante la justicia.

La cita del 10 de junio es, por tanto, una parada relevante en la búsqueda de responsabilidades penales por la gestión de la mayor catástrofe natural del siglo en la Comunitat. Los documentos, las conexiones y las agendas ya están sobre la mesa; la tarea ahora es que la verdad se desprenda de las versiones contradictorias y se sujete a la prueba judicial. El proceso sigue su curso y la sociedad exige respuestas claras sobre cómo se gestionó una emergencia de tal magnitud.