La Cámara Baja se atrinchera: el veto del Gobierno ahoga la voz del Senado

Estamos ante una legislatura que se ha convertido en campo de batalla permanente entre las Cámaras. Congreso y Senado libran una contienda sin cuartel, una guerra de guerrillas institucional que no concede tregua y que traslada, una vez más, los asuntos al Tribunal Constitucional.

La Mesa del Congreso, con la mayoría habitual de PSOE y Sumar, ha decidido no revocar su propio acuerdo de vetar dos enmiendas remitidas por el Senado en la tramitación de la ley contra la multirreincidencia en hurtos. El Partido Popular registró su rechazo, pero la mayoría se mantuvo firme: no habrá marcha atrás.

Es verdad diáfana que atender la petición del Senado no habría cambiado el resultado práctico de la norma, aprobada definitivamente el 26 de marzo. Pero de lo simbólico nace lo esencial: despachar la reclamación con un portazo es convertir una divergencia política en un nuevo conflicto de atribuciones que aterrizará, inapelable, en el despacho del presidente del Constitucional.

Así se agudiza la erosión del diálogo institucional: decisiones tomadas por la Mesa —órgano con marcada composición partidista— devienen en asuntos de legitimidad que ya no resuelve la política, sino los jueces. Y es el Tribunal Constitucional el que verá cómo se le acumula el trabajo por las heridas abiertas entre Cámaras.

No hablamos de tecnicismos procesales abstractos. Hablamos de una práctica que instala la confrontación como rutina legislativa, que normaliza la instrumentalización de los órganos de la Cámara para dirimir diferencias que, en buena lógica, deberían resolverse por la política y el acuerdo.

Si la XV Legislatura pretende gobernar con normalidad democrática, hemos de exigir que las discrepancias entre Congreso y Senado se gestionen con responsabilidad institucional, no como munición disponible para blindar mayorías y desmontar voces discrepantes. El calendario jurisdiccional se tensa y, con él, la propia confianza en la arquitectura constitucional que debe regir nuestras instituciones.

El último episodio —la negativa a revocar el veto— no es un hecho aislado: es señal de una trayectoria que convierte al Parlamento en un ring y al Constitucional en la lona donde acaban los combates. España necesita parlamentos que deliberan y acuerdan, no cámaras que envían constantemente sus diferendos a la sala de lo contencioso constitucional.

Quien defiende la patria defiende también sus instituciones. Y defenderlas implica exigir que la política recupere su primacía como herramienta de solución, evitando que la judicialización sistemática se instale como método de gobierno.