La batalla por la transparencia: notarios contra la receta opaca de Bolaños

El pulso es nítido y no admite adjetivos suaves: el Consejo General del Notariado prepara una enmienda dura contra el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública impulsado por el ministro Félix Bolaños. Su diagnóstico es preciso y demoledor: la norma, en su redacción actual, supone un retroceso en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales al eliminar el control notarial sobre la transmisión de participaciones societarias.

El ejemplo invocado no es retórico sino procesalmente referencial: Servinabar. Los notarios recuerdan que en ese caso hubo una transmisión de acciones —según la nota a la que ha tenido acceso EL MUNDO— sin intervención notarial ni inscripción adecuada, con la participación, en secreto, de Santos Cerdán. Para el Consejo, el efecto práctico del anteproyecto sería «generalizar casos como el de Servinabar para crear un testaferrato de libro», porque convierte en válidos instrumentos privados que hoy requieren escritura pública.

La reforma que propone el Gobierno sustituye la escritura pública por documentos privados firmados digitalmente y presentados en el registro mercantil. El Ministerio de Presidencia argumenta que obligar la presentación del documento privado en el registro corrige la opacidad actual. Los notarios replican que no es más que «opacidad maquillada»: la firma digital, sostienen, no garantiza control alguno por la facilidad para obtener identificidades digitales falsas y por la pérdida del examen notarial.

En su propuesta de solución, el Consejo del Notariado plantea precisamente lo contrario de lo que propone el anteproyecto: suprimir cualquier efecto legal de pactos privados de transmisión y exigir que la transmisión de participaciones conste en documento público. Incluso ofrecen una mínima redacción alternativa al artículo 106.1 de la Ley de Sociedades de Capital para blindar esa exigencia.

El choque de percepciones se enriquece con apoyos y contrapesos. El Notariado cuenta con aliados relevantes en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la Fiscalía Anticorrupción: la base de datos del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado, sostienen fuentes de la UCO, ofrece una arquitectura societaria que supera en profundidad al Registro de Titularidades Reales de los registradores. Esa herramienta, avisa el Consejo, corre riesgo con el anteproyecto; sólo en 2025 atendieron más de 6.000 solicitudes de copias de escrituras para investigaciones, incluyendo más de 5.300 de la Agencia Tributaria.

Frente a ese temor, el Ministerio asegura que el nuevo registro será «mucho más completo» que el OCP. Y, en la otra orilla institucional, el Colegio de Registradores defiende con rotundidad la reforma: a su juicio, forzar que todo el tráfico societario pase por los registros mercantiles incrementa la transparencia y evita posibilidades de corrupción, fraude o blanqueo en la transmisión de acciones.

La tensión es más que técnica: es estratégica. Se enfrentan dos visiones de seguridad jurídica y prevención: una que privilegia el control notarial y su base de datos como instrumento de investigación; otra que apuesta por digitalizar y centralizar registros para expulsar el fraude. En medio, casos como Servinabar recuerdan que los vacíos legales y los procedimientos opacos no son abstracciones: pueden ser la sombra que cubre operaciones investigadas judicialmente.

Y hay un último dato, no menor: la debilidad parlamentaria del Gobierno complicará la tramitación de un anteproyecto que desata resistencias incluso en cuerpos que, en principio, deberían estar alineados en la prevención del delito económico. Si la intención es combatir la corrupción, la reforma requerirá mucho más que buenas intenciones; exigirá certezas jurídicas y garantías de control que hoy, a juicio del Notariado, la redacción propuesta no ofrece.