La Audiencia Nacional interpela a la Fiscalía: ¿puede investigarse a Netanyahu por la retención de un soldado español?

La Justicia española ha puesto en movimiento una pieza que, por su envergadura y por los nombres que alcanza, no puede leerse con indiferencia. El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado la incoación de diligencias previas y ha solicitado al Ministerio Fiscal que informe sobre la competencia del tribunal para investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi; y a otros mandos militares aún por identificar.

La iniciativa parte de una denuncia presentada por Iustitia Europa, cuyo presidente, el abogado Luis María Pardo, atribuye a los denunciados la posible comisión de delitos que van desde crímenes contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado hasta coacciones y detención ilegal. El juez considera que los hechos expuestos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y por ello solicita el pronunciamiento del Ministerio Fiscal sobre competencia y sobre las diligencias requeridas.

Los hechos que desencadenan esta actuación se remontan al 7 de abril, cuando un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano, que transportaba alimentos y otros recursos destinados al contingente indonesio, fue interceptado por fuerzas israelíes y un militar de nacionalidad española integrado en la FINUL fue retenido durante "menos de una hora". La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó que la liberación se produjo tras el traslado por parte de España de "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv.

La denuncia amplía su alcance a "otros mandos y militares israelíes aún por identificar", y solicita que se practiquen diligencias para averiguar la posible responsabilidad penal de quienes ordenaron o ejecutaron el asalto y la detención. Ahora corresponde al Ministerio Fiscal determinar si la Audiencia Nacional tiene competencia para instruir y, en su caso, qué actuaciones son procedentes.

Es un episodio que, por su naturaleza y por los actores implicados, obliga a que las instituciones competentes clarifiquen responsabilidades y límites jurisdiccionales. La petición del juez deja en manos de la Fiscalía una decisión que combinará derecho internacional, normativa penal y prudencia diplomática. España, a través de su Gobierno, ya expresó su protesta; la Justicia ha tomado el relevo procesal. Queda por ver si la investigación judicial llegará a profundizar en lo que la denuncia define como hechos susceptibles de sanción penal.