La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol: clamor de humanidad o rendición ante la vejez

La Justicia ha dado un giro que obliga a detenerse y a mirar la escena con mezcla de respeto y perplejidad. La Audiencia Nacional ha decidido que Jordi Pujol Soley, de 95 años, queda excluido del procedimiento abierto por la fortuna que el Ministerio Público atribuye al clan y que supuestamente estuvo oculta en Andorra. El tribunal, tras un reconocimiento médico y una entrevista personal, ha constatado "la imposibilidad de Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de capacidades en este juicio" y, por tanto, lo ha dejado fuera del proceso.

No es una cuestión retórica: la decisión extingue cualquier responsabilidad penal que pudiera haber tenido Pujol en esta causa. Un final procesal para quien, en otra etapa, fue presidente de la Generalitat y protagonista de un escándalo político que transformó el paisaje público en Cataluña. Queda fuera del banquillo, mientras el interrogatorio se centra ahora en sus descendientes: los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola, que sí afrontan la vista oral y las preguntas del tribunal.

La magnitud del caso no se desdibuja por la ausencia del patriarca. La Fiscalía pedía nueve años de prisión para el ex president y solicita, en el conjunto del procedimiento, penas que oscilan entre ocho y 29 años y multas millonarias para los acusados, con la petición máxima dirigida al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Delitos fiscales, falsedad documental y frustración de la ejecución componen el rosario de cargos que no desaparecen con la exclusión del padre.

El diagnóstico que ha motivado la decisión judicial no es menor: informes previos describieron un "trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto" —Alzheimer y componente vascular—, con deterioro cognitivo moderado, irreversible y progresivo. Informes que ya en noviembre recomendaban la imposibilidad de que Pujol se desplazara a declarar y que cuestionaban su capacidad procesal para defenderse.

No es baladí la imagen del ex president llegando temprano, por el garaje, para evitar la expectación mediática y sometiéndose a un nuevo reconocimiento, ni la circunstancia de que venía siguiendo el juicio telemáticamente desde Barcelona hasta que el tribunal consideró necesaria su "intervención activa". La causa, que arrancó —entre otros hitos— con la confesión pública de Pujol en julio de 2014 sobre dinero en el extranjero, y con la información de este diario sobre cuentas en bancos andorranos, ha sido una de las más largas y complejas recientes.

Las reacciones políticas han quedado igualmente reflejadas: el presidente de la Generalitat ha celebrado que "la Justicia haya actuado con sensatez y sentido de la humanidad", mientras que el secretario general de Junts ha interpretado la decisión como un gesto de "escarneo y venganza" por lo que Pujol representa para Cataluña y ha subrayado que "el daño ya está hecho". Son lecturas contrapuestas de un mismo hecho: la exclusión procesal del padre no borra el rastro público del escándalo ni las consecuencias que ha tenido en la política catalana.

Queda, por tanto, el juicio en marcha contra los demás miembros del clan y la fase de interrogatorios que ya ha comenzado con el primogénito. La causa no ha cerrado sus capítulos; solo ha cambiado el escenario y el reparto de protagonistas. La decisión de la Audiencia se asienta en un criterio médico-jurídico que, en el fondo, confronta la imperiosa dignidad humana de la vejez con la implacable articulación de la responsabilidad penal. La balanza ha pendido, esta vez, del lado de la incapacidad probada. Pero la historia procesal y política de este caso sigue escribiéndose.