La Audiencia Nacional abre la vía: ¿investigar a Netanyahu por la detención de un casco azul español?

La noticia llega con la contundencia de los hechos: el magistrado Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, ha acordado la incoación de diligencias previas y ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, y a otros mandos militares por la presunta detención ilegal de un casco azul español el pasado 7 de abril.

No se trata de especulaciones: la iniciativa judicial responde a una denuncia presentada el 10 de abril por el partido Iustitia Europa, que considera el episodio —que califica de "deliberado"— como un acto hostil contra un ciudadano español que no debe quedar impune. El juez Piña entiende que los hechos denunciados presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y, por ello, ha abierto el trámite inicial para indagar en la conducta denunciada.

Los hechos narrados por las fuentes oficiales son nítidos y graves. Unifil informó que el 7 de abril, a primera hora de la tarde, un casco azul fue detenido por el Ejército israelí y que fue liberado menos de una hora después tras las gestiones del comandante en jefe de la misión, el general italiano Diodato Abagnar. La propia Unifil recordó que cualquier detención de un miembro de la misión de paz de la ONU supone una violación de la ley internacional y de la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó al día siguiente que la persona detenida era un militar español y que la detención duró algo menos de una hora, añadiendo que se produjeron comportamientos violentos. Este episodio, prácticamente sin precedentes, se produce además en un contexto ya envenenado: a finales del mes anterior tres militares indonesios de la brigada de Unifil bajo mando español fueron asesinados en Líbano.

La denuncia de Iustitia Europa señala una doble dimensión de responsabilidad: la penal primaria de quienes ejecutaron materialmente el secuestro y una responsabilidad superior o de mando que podría alcanzar a las cúpulas políticas y militares. El escrito subraya que, dadas la tensión recurrente en la zona y los protocolos de enfrentamiento, resulta difícil concebir que los mandos no fueran conscientes del riesgo de incidentes de este tipo.

Las diligencias pedidas por la Audiencia no son simbólicas: se solicita cooperación internacional, con requerimientos a Interpol y Europol para identificar al personal israelí que operaba en la zona de Taybeh; se piden informes e interceptaciones al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI); se solicita la declaración como testigos de la ministra de Defensa y del militar español, con las garantías de protección correspondientes; y se requiere al Estado de Israel que informe si existe alguna causa abierta allí por estos hechos.

Todas estas actuaciones dependen ahora de la valoración de la Fiscalía sobre la competencia para continuar el procedimiento. No es un detalle menor: la Audiencia Nacional es el órgano destinado a investigar delitos con ramificación exterior y los delitos cometidos contra españoles fuera del territorio nacional. La decisión que adopte la Fiscalía marcará si estos hechos siguen su curso en España y hasta qué punto se investigarán las responsabilidades políticas y militares que la denuncia apunta.

Son hechos que reclaman respuesta judicial y claridad. El escrutinio que ahora se abre exige rigor en la investigación y respeto a las normas del Derecho Internacional, sin concesiones a la vaguedad. La seguridad de los cascos azules, entre ellos un militar español, y la obligación de investigar cualquier actuación que pueda constituir una detención ilegal están, además de en la ley, en la obligación moral de las instituciones que velan por la dignidad y la protección de nuestros compatriotas en misiones de paz.