La Asamblea se crispa: Más Madrid defiende a Mbaye y apunta a la Policía

La detención de Serigne Mbaye ha irrumpido en la Asamblea de Madrid con la inevitable carga política que acompaña a cualquier asunto de alta sensibilidad pública. Lo que en principio es un hecho policial se ha convertido, en el recinto parlamentario, en un campo de batalla discursivo donde cada grupo coloca su bandera y su lectura del suceso.

Más Madrid no ha dudado en salir en defensa del exdiputado y dirigente político, y ha dirigido una acusación concreta hacia la Policía, tildando la actuación de racista. Es significativo que, en ausencia de Podemos en el Parlamento autonómico —quedó fuera tras las últimas elecciones—, sea Más Madrid quien asuma ese papel de altavoz y de denuncia pública en nombre de una causa que trasciende la mera gestión institucional.

El PSOE, en cambio, ha preferido deslindar y apelar a los cauces formales: evitar la politización del episodio y remitirse a la investigación que instruye la Delegación del Gobierno. Es la senda de la prudencia institucional, la apuesta por dejar que los procedimientos sigan su curso antes de emitir juicios rotundos en el hemiciclo.

El PP no ha tardado en reprochar las afirmaciones de Más Madrid, calificando las acusaciones de «muy graves». Vox, por su parte, ha capitalizado el episodio para remarcar que la conducta del detenido —siendo de Podemos, según sus palabras— encaja en su particular interpretación política del hecho.

Así, lo que debía ser una actuación policial concreta ha sido absorbida por la mecánica parlamentaria: cada grupo política coloca su interpretación en clave partidista, y el debate público queda marcado por polarizaciones. Mientras la investigación de la Delegación del Gobierno sigue su curso, la Asamblea ofrece el panorama de siempre: apelaciones a la emoción, reproches cruzados y una política que no renuncia a transformar cualquier suceso en instrumento de contienda.

No se trata de minimizar ni de exagerar lo ocurrido; se trata de constatar que, a falta de resolución oficial y con la investigación en marcha, la reacción política ha sido la previsible: defensas y ataques calibrados según conveniencias partidistas. La ciudadanía espera claridad y garantías, no sólo titulares y reacciones en el hemiciclo.