La amenaza bajo la frontera: cuando el crimen cava túneles y conspira contra la ley

La noticia es de una frialdad que obliga a mirarla de frente: en Ceuta se ha desenterrado —literal y judicialmente— un segundo narcotúnel y, junto a él, una conversación que no admite eufemismos. Hombres que gestionaban toneladas de droga y que presumían de ser los propietarios del primer pasadizo mostraron, sin ambages, su intención de ajustar cuentas por la vía de la muerte cuando la investigación policial comenzó a esclarecer la trama.

Los hechos documentados por la instrucción no son literatura: Mustapha Brouzi Chairi, al que las diligencias señalan como pieza clave para el paso de hachís desde Marruecos, se quejaba de que un transportista —Himad T.B.— hubiera colaborado con la Guardia Civil y, a lo largo de conversaciones interceptadas, justificó que ese tipo de informantes “tenían que morir”. La petición de venganza no quedó en palabras; hubo gestos de contratación: intermediarios que ofrecieron “arreglos” a cambio de dinero y algún detenido dispuesto a asumir el encargo.

Que un relato policial incluya ofertas de pago por un “anillo tremendo” para matar no es metáfora. Es la demostración de que la estructura criminal no solo trafica con droga en ese corredor marítimo y subterráneo, sino que instrumentaliza la violencia contra cualquiera que ponga en riesgo su negocio. También queda claro, según el sumario, que el atentado no llegó a consumarse y que no se detectaron actos materiales ejecutivos, pero la conspiración y la disposición a cometer el crimen sí constan.

No debe minimizarse la gravedad: estamos ante organizaciones que operan con una logística industrial —se habla de toneladas y de túneles que atraviesan la frontera— y que, cuando se sienten acorraladas por la investigación, responden con amenazas de muerte y contratación de sicarios. La justicia y las fuerzas policiales han desarticulado parte de esa red y enviado el caso a la Audiencia Nacional, pero los hechos narrados obligan a pensar en la persistencia de modos de actuación que socavan la seguridad y la convivencia.

Habrá que extraer lecciones: vulnerable no es solo el punto físico por donde se intenta introducir la mercancía, sino también el tejido social y el imperio de la ley cuando el crimen organizado decide imponer su lógica. Las diligencias muestran que la investigación empezó localmente en Ceuta y que, tras detenciones y confesiones, emergió la existencia de pasadizos y de redes de colaboradores. Ese relato procesal confirma la necesidad de inteligencia, coordinación y firmeza judicial para neutralizar tanto el trasiego como la repuesta violenta que lo acompaña.

Si algo queda patente en este expediente es la mezcla de impunidad y cinismo: quien suministraba drogas se presenta como agraviado por quien colaboró con la justicia; quien sabía del túnel se permite la presunción de propiedad y la venganza. Frente a eso, la respuesta del Estado debe ser rotunda y sustentada en hechos: investigación eficaz, medidas preventivas en la frontera y persecución judicial de quienes conspiren contra la vida y el orden público. La sociedad merece que se clarifiquen los hechos y que quienes utilizaron la violencia como arma para proteger su negocio respondan ante la ley.