La alarma que pide garantías: el PP exige freno al DNI digital en las mesas

La política, esa maquinaria delicada que se sostiene sobre la confianza, no admite atajos ni experimentos sin garantías. El Partido Popular ha planteado a la Junta Electoral Central una petición clara y categórica: suspender el uso de la aplicación miDNI en las elecciones "ante las dudas y la alarma social" generadas por la ausencia de verificación mediante un código QR actualizado.

No es una petición menor ni una quimera técnica: los populares exigen que, si finalmente se permite seguir usando la aplicación, se garantice la presencia de un dispositivo por cada Mesa Electoral con acceso a la app para realizar la "comprobación adecuada y suficiente por medio del código QR, a través de una comunicación segura y en tiempo real con los servidores del Ministerio del Interior". Es decir, autenticidad verificable o nada.

La invocación de la necesidad de garantías no es retórica vacía. El PP recuerda, con rotundidad, que "la democracia se construye y se defiende cada día" y que los partidos, lejos de sembrar incertidumbres, deben disiparlas y trabajar para ofrecer todas las garantías a la hora de votar. Así expone una máxima elemental: para que el sufragio sea legítimo, la identificación debe ser inequívoca.

El diagnóstico que formulan es nítido y severo: "El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza". La queja va acompañada de una comparación internacional que pretenden ilustrativa: según el PP, ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales, y esa ausencia de electrónica en las urnas es, a su juicio, una explicación de que no exista la alarma social que ahora se percibe en España.

La decisión que tiene por delante la Junta Electoral —aceptar la petición de suspensión, exigir la verificación QR en cada mesa o mantener el uso de miDNI tal como está— no es neutra. Se trata de elegir entre priorizar la innovación administrativa y aceptar riesgos de percepción pública, o hacer prevalecer la garantía verificable y la calma social antes que la novedad tecnológica. La democracia, sus promotores recuerdan, no puede permitirse improvisaciones que alimenten la desconfianza.