La admisión de la segunda denuncia a Errejón: un país que exige respuestas

La noticia es nítida y grave: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 ha admitido a trámite una denuncia presentada hace semanas contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual ocurrida el 16 de octubre de 2021.

Que la causa llegue a trámite no es un titular menor; es el paso formal que coloca el asunto en el cauce procesal y obliga a que se respeten, con rigor, tanto la presunción de inocencia como la protección de quien denuncia. Los hechos que describe la querella —según la información confirmada por fuentes judiciales— señalan que la mujer conoció a Errejón por redes sociales, ambos quedaron y ella denuncia que fue obligada a mantener relaciones tras ser intimidada.

No son formulaciones menores: la denuncia relata comportamientos que podrían interpretarse como controladores y la transcripción de amenazas textuales —"si gritas será peor" o "si te resistes será peor"— que, en el relato, culminan en la coacción sexual. El letrado Alfredo Arrión, representante de las denunciantes, ha confirmado la admisión a trámite y ha pedido cautela y silencio por expreso deseo de la afectada; además ha solicitado que la denunciante sea testigo protegido ante el miedo que manifiesta hacia el denunciado.

La forma en que se tramitan estos casos también merece atención. La mujer acudió a la Policía Nacional el 24 de febrero; los agentes, por las obligaciones de registro en el sistema Viogén —al que tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos—, instaron al letrado a presentar la denuncia directamente ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del Juzgado de Instancia de Madrid para preservar el anonimato. Es una precisión procesal que revela la tensión entre los registros institucionales y la necesaria protección de la intimidad de las denunciantes.

Este episodio llega en el contexto de un primer proceso ya conocido: la actriz Elisa Mouliaín presentó otra denuncia contra Errejón por hechos que, según consta, habrían ocurrido días antes de los ahora relatados. Esa primera causa ha derivado en un procesamiento y en la apertura de juicio oral, decisión recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. Mouliaín anunció en febrero que retiraba la acusación por motivos personales y de salud, aunque no se retractó de los hechos; el juez de la primera causa, Adolfo Carretero, requirió formalidades para que la renuncia fuera efectiva y, según fuentes jurídicas, se ha ratificado en su postura. Así, la Audiencia Provincial deberá decidir próximamente sobre el procesamiento y sobre la validez de la anunciada renuncia.

En medio de todo, la defensa de Íñigo Errejón ha señalado no tener constancia —ni de la admisión a trámite ni de la propia denuncia— por lo que se declina a pronunciarse al respecto. Son palabras que indican la existencia de versiones contrapuestas; es la propia esencia del proceso penal: contraste de relatos y prueba ante los tribunales.

Al país le corresponde observar con firmeza y cautela: exigir que la instrucción y, llegado el caso, el juicio se desarrollen con la máxima celeridad compatible con las garantías procesales; asegurar la protección de quienes declaran; y respetar la presunción de inocencia hasta que una resolución firme diga lo contrario. Que los procedimientos avancen no es voluntad de condena anticipada, sino la exigencia de que la Justicia funcione, investigue y aclare hechos que afectan a personas y a la credibilidad pública de instituciones y actores políticos.

España necesita claridad, no rumor; procedimientos, no linchamientos. Pero también necesita que el sistema proteja a quienes denuncian y que las instituciones sean capaces de resolver con rigor los asuntos más graves. La admisión a trámite de esta segunda denuncia contra Íñigo Errejón abre una nueva fase procesal que reclama atención institucional y escrutinio público responsable.