Investiga la Fiscalía: preguntas necesarias sobre un chalé adjudicado a una edil del PP

La noticia es en apariencia sencilla y, sin embargo, encierra un pliegue que reclama luz inmediata. La Fiscalía de Palencia ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, sobre la adjudicación de un chalé de protección oficial a la entonces concejala del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña. Es un acto formal: la Fiscalía verifica hechos que, por su naturaleza, afectan a la confianza pública.

Los hechos contrastados dejan un mapa de hechos que nadie puede obviar. El solar municipal se vendió en 2019 por 1.892.647,24 euros para construir 47 viviendas de protección oficial con piscina comunitaria. Las casas fueron entregadas en abril de 2023 y comercializadas por una inmobiliaria palentina a 157.320 euros cada una, según la información disponible. Según publicó El País el pasado 3 de marzo, en esa promoción no se realizó, antes de las adjudicaciones, un sorteo previo entre los inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Ese dato es central y merece explicación técnica y política.

Laura Lombraña, que entonces ostentaba la concejalía de Cultura y formaba parte del equipo de Gobierno compuesto por Ciudadanos y el Partido Popular, figura entre las adjudicatarias. La edil ha asegurado públicamente que no hubo irregularidad: que la vivienda fue adjudicada conforme a la normativa vigente, mediante el procedimiento legalmente establecido y con los requisitos y controles aplicables a cualquier solicitante. Esa afirmación debe medirse contra otra realidad objetiva: la vivienda no aparece declarada en el registro de bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Palencia. Una ausencia que, en términos administrativos, es más que una anécdota.

No se trata de sacar conclusiones apresuradas ni de sustituir la investigación por conjeturas: la Fiscalía ha hecho lo que debía. Pero tampoco es menor el deber cívico de exigir transparencia. Cuando un proceso de vivienda pública —materia sensible para tantas familias— presenta indicios de inobservancia en sus mecanismos de adjudicación o de transparencia registral, la ciudadanía tiene derecho a respuestas claras, documentadas y públicas.

Preguntar no equivale a acusar; exigir registros, sorteos o procedimientos documentados no es demagogia, es cumplimiento de las reglas que protegen el interés general. En una democracia madura, la investigación penal y la rendición de cuentas administrativa deben caminar de la mano para restablecer confianza. La Fiscalía actúa; corresponde ahora al Ayuntamiento y a las instancias competentes facilitar toda la información, con la misma celeridad y con la máxima claridad, para que el tejido institucional recupere plena normalidad.