Inundaron de mensajes lo esencial: la calma de los poderosos y el vendaval sobre la gente

La crónica forense de una catástrofe se escribe a base de mensajes. A las 8.17 horas del 29 de octubre de 2024, el expresident Carlos Mazón encarga a su equipo: “Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas”. No es una frase menor: es el mandato que prioriza la transmisión de información y la sensación pública sobre la gestión operativa de una emergencia que ya había sido advertida con ocho días de antelación por la Aemet.

Diez minutos antes, la consellera que entonces estaba al frente de Justicia e Interior transmite serenidad: “que está todo controlado”. Y sin embargo, la jornada evoluciona con un reparto de papeles que se asemeja a un teatro mal coreografiado: decretos y alertas parciales, mensajes de tranquilidad para la ciudadanía y, al mismo tiempo, instrucciones insistentes sobre qué datos dar y cuándo. La prioridad de la puerta de entrada es la narrativa; la prioridad del río y del barranco, la vida de la gente.

La vicepresidenta Susana Camarero, quien declaró cinco horas en el juzgado de Catarroja, ha aportado esos mensajes y ha reconocido ante la magistrada algo inquietante: desconocer qué era el Cecopi, el órgano de emergencias que gestionó la dana. La máxima responsabilidad institucional en ausencia del president, según la instrucción, apenas participó desde el Cecopi, pese a que desde allí se tomó la decisión crucial del envío del Es-Alert —la alerta masiva a móviles— cuya tardanza es piedra angular de la investigación.

Las escenas son nítidas y duras: Mazón participa en tres actos aquella mañana y luego se ausenta para una comida de casi cuatro horas en El Ventorro cuando la provincia se inunda; la número dos admite que no tuvo contacto con el president “esa tarde” porque consideró que la situación la manejaba la consellera responsable; y la gestión, a juicio de algunos, quedó centrada en la hipótesis de la rotura de la presa de Forata, lejos del barranco del Poyo que acabaría sepultando municipios.

No son impresiones: son hechos documentados en mensajes, en comparecencias y en decisiones con horario preciso. La Generalitat declaró la alerta hidrológica en puntos concretos y se publicaron listas de municipios con colegios suspendidos; al mismo tiempo, alcaldes y testigos han planteado ante el juzgado discrepancias sobre dónde y cuándo se advirtió del peligro real que causó daños mortales. El balance provisional que figura en la instrucción sitúa en 230 los fallecidos de aquella jornada.

Hay en este relato un contraste que duele: la preocupación por “dar datos parciales todo el día” y la requisitoria de “mantener la calma” frente a una realidad explosiva en ríos y barrancos. Que una vicepresidenta no supiera la naturaleza del órgano que dirigía la respuesta institucional, y que la principal investigada fuera la consellera de Interior, plantea preguntas no retóricas sobre la claridad de responsabilidades y la eficacia de los cauces decisorios.

La justicia ahora revisa horarios, mensajes y decisiones. Y la sociedad exige respuestas: quién decidió, cuándo y por qué no se activaron con antelación las medidas que quizá habrían mitigado la tragedia. No hay lugar para excusas poéticas: los hechos, los mensajes y las comparecencias están ahí. Es el juzgado el que debe ensamblar el relato completo; nosotros, como comunidad, no podemos ni debemos olvidar los nombres, las horas y la tremenda distancia entre la calma ordenada por arriba y el estrépito de abajo.