¿Instrucción para obstruir la ley? La polémica circular que incendia la Comunidad Valenciana

La noticia ha estallado como un fogonazo en la política valenciana: el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes, José Muñoz, ha hecho público un documento —una circular interna atribuida al director general de Atención Primaria, Carlos Momparler— que, según los socialistas, instruiría a los centros de salud para no emitir ciertos justificantes con valor a efectos de la regularización extraordinaria de inmigrantes.

En el centro del conflicto está una frase concreta de ese texto: que “los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad... no tienen validez legal a efectos de esta regularización”. Y de esa afirmación parte la acusación: el PSOE sostiene que se está ordenando a los trabajadores sanitarios que no expidan documentación pública que podría servir a personas migrantes para acreditar su permanencia y optar a la regularización.

La gravedad política no se ha hecho esperar. Los socialistas han anunciado la intención de trasladar el asunto a la Fiscalía y han calificado la supuesta instrucción de “hacer incumplir la ley a sabiendas”. Compromís, por su parte, también ha considerado la revelación “muy grave” y ha reclamado el cese del conseller de Sanidad si la circular efectivamente ha llegado a funcionarios.

Frente a las denuncias, la respuesta del Ejecutivo autonómico ha sido tajante: «No hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso», ha dicho el presidente Juanfran Pérez Llorca. Desde la Conselleria se apunta, además, que el documento difundido por los socialistas es un “borrador aclaratorio sobre otro tema” y que la instrucción firmada —según Marciano Gómez— contempla que “desde los centros de salud se facilitará a los solicitantes la información disponible en la historia clínica”.

Hay, además, un marco normativo relevante que figura en los hechos: el Real Decreto del 14 de abril que modificó el Reglamento de Extranjería flexibiliza las pruebas admisibles para acreditar la permanencia ininterrumpida de cinco meses, incluyendo “cualquier prueba válida en derecho” que permita verificar la identidad. Esa norma contempla expresamente que los certificados emitidos desde la sanidad pública pueden ser válidos para la regularización, y solo excluye la documentación que ya obre en poder de las administraciones públicas.

Los hechos, por tanto, enfrentan dos versiones claras: la de un partido que exhibe una circular y habla de obstrucción a un proceso regulado por un real decreto, y la de un Gobierno valenciano que niega que exista una instrucción con esa carga y lo reduce a un borrador. La discrepancia no es menor: toca a la confianza en las instituciones públicas y al derecho de las personas a acceder a documentación que puede condicionar trámites administrativos de enorme calado.

Corresponde ahora a las instituciones competentes —y a la propia Fiscalía, si se formaliza la denuncia anunciada— aclarar si hubo una orden destinada a impedir la emisión de documentos útiles para la regularización o si, por el contrario, lo difundido no se corresponde con una instrucción definitiva. La política y la administración deben ceñirse a la ley y a la seguridad jurídica; la controversia abierta exige una aclaración pronta y transparente basada en los documentos firmados y en los hechos constatables.