Informe que desafía la narrativa: la cátedra de Begoña Gómez habría dejado superávit, no perjuicio

La defensa de Begoña Gómez ha presentado ante el juez Juan Carlos Peinado un nuevo informe pericial que cambia el foco de la controversia: no hubo perjuicio económico para la Universidad Complutense provocado por la cátedra que codirigió, sino un sobrante financiero.

El documento, firmado por Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, sostiene que los 158.400 euros recibidos de empresas privadas por el convenio de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva se destinaron a la finalidad prevista, incluida la elaboración del software objeto de la investigación. Según el informe, la UCM consignó 108.765,79 euros a esa finalidad y recibió además 17.600 euros para gastos de personal y dirección; el gasto real por esos conceptos ascendió a 4.743,53 euros, con lo que habría un superávit de 12.856,47 euros.

El peritaje replica la cuantificación de la universidad —que, según el expediente remitido al juzgado, detalló un gasto de 113.509 euros en el desarrollo del software— y concluye que esa valoración es "incorrecta" si se entiende que la UCM sufrió un perjuicio. El informe subraya que los fondos que se ejecutaron provenían de terceros y que su aplicación obedeció a la normativa presupuestaria y de contratación, tanto la general como la propia de la Complutense.

La defensa recuerda que la Intervención de la UCM constató que la universidad recibió el 10 % que le correspondía del total de las aportaciones de los patrocinadores (La Caixa, Reale Seguros, Google, Manpowet y Numitec) y argumenta que, de no destinarse esos recursos a la finalidad acordada, la propia universidad habría causado un perjuicio a los patrocinadores al deber restituir las partidas recibidas.

Se trata del tercer informe aportado por la defensa en este procedimiento, que el pasado 11 de abril vio la instrucción cerrada por el juez Peinado, quien propuso juzgar a Begoña Gómez por delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, si bien archivó la pieza relativa al delito de intrusismo profesional. El magistrado también mantiene la causa contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por distintos delitos relacionados.

Los números expuestos —aportaciones privadas totales, distribución al 90 % y 10 %, gastos verificados por Intervención y el cálculo del superávit— constituyen ahora el núcleo del contraste técnico entre la versión de la universidad y la tesis de la defensa. En esencia: hay una disputa sobre si el movimiento de fondos supuso un daño para la UCM o la ejecución puntual de recursos privados conforme al convenio firmado con la Cátedra.