Infierno fiscal y acoso: la ofensiva contra el autónomo

La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha pronunciado, sin ambages, una acusación que clava el dedo en la llaga del debate económico: “está acometiendo la mayor recaudación fiscal y, además, a través del terror fiscal y de la Agencia Tributaria sobre todo contra el autónomo”. No es una metáfora ligera; es la denuncia de quien observa cómo una política tributaria se traduce en presión administrativa sobre quienes sostienen empleo y actividad local.

Ayuso reclama atención para una figura esencial del tejido productivo: “el autónomo, que es una persona libre que arriesga a su patrimonio, el de sus hijos para crear empleos, levantar el país”. Esa imagen —del individuo que pone en juego su patrimonio personal para generar riqueza— sirve de antítesis frente a la idea del Estado recaudador que actúa “a marchas forzadas”. Si hay una contradicción dura en la política económica es ésta: ¿se alienta al emprendimiento o se le estrangula con impuestos y actuaciones que ella define como terror fiscal?

La presidenta madrileña añade un segundo reproche, igualmente concreto: cuando a una empresa “en España le va medianamente bien”, el Ejecutivo responde con “una nueva ocurrencia” que busca, según ella, “impedir” su prosperidad. No son epítetos vacíos: la crítica apunta a la sucesión de medidas —tributarias o regulatorias— que, en su lectura, ahogan la competitividad y complican la contratación en un entorno ya afectado por “la falta de competitividad, la falta de mano de obra y las dificultades para contratar”.

Son afirmaciones que reclaman una discusión pública y transparente. Si la recaudación aumenta, cabe explicar sus razones y sus destinatarios; si la Agencia Tributaria intensifica actuaciones, conviene medir sus efectos sobre pequeños empresarios y trabajadores autónomos. La acusación de Ayuso, por tanto, plantea una pregunta básica para la política económica: ¿estamos estimulando la creación de riqueza o premiando su asfixia?

No es un alegato ideológico vacío: es una llamada a evaluar las consecuencias reales de la política fiscal sobre quienes arriesgan su patrimonio y abren actividad económica. El debate está servido: entre la seguridad jurídica y fiscal que exigen los autónomos y la legítima obligación de recaudar del Estado, la sociedad española necesita respuestas veraces y medidas que no conviertan la recaudación en un castigo a la iniciativa privada.