Indicios que no admiten miradas distraídas: la investigación que sacude al PSN

La Justicia ha encendido una luz que obliga a quienes gobiernan a dar explicaciones. Después de casi un año de trámites, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha decidido que la querella presentada por Vox incorpora documentación suficiente para abrir diligencias previas por posibles delitos de cohecho y de tráfico de influencias contra Ramón Alzórriz y contra responsables de la constructora Adentro Construimos.

No son meras insinuaciones: la instrucción relaciona cuatro contratos menores adjudicados a esa empresa por los órganos públicos dependientes del Gobierno de María Chivite —obras en el parque de Sendaviva— con la reforma posterior del piso que Alzórriz adquirió en el centro de Pamplona. Esos cuatro contratos, adjudicados el 7 y el 20 de noviembre de 2023, estaban valorados cada uno entre 190.000 y 199.999 euros, justo por debajo del límite de los 200.000 euros que permite la adjudicación directa como contrato menor en Navarra.

Vox formalizó la denuncia en junio de 2025 y aportó documentación que ha llevado a la jueza a abrir diligencias. El importe conjunto adjudicado a Adentro Construimos ronda los casi 800.000 euros, según la información de la querella y las aclaraciones parlamentarias, y se llegó a estimar que el coste real de algunas obras superaba en 10.000 euros lo calculado originalmente.

En paralelo, la remodelación del piso de Alzórriz figura con un presupuesto declarado de 38.000 euros, una cifra que el denunciante considera muy inferior al coste real de los trabajos realizados. La coincidencia entre las adjudicaciones públicas y las obras privadas sitúa el foco en la relación entre la empresa adjudicataria y el ex secretario de Organización del PSN.

La instrucción añade una dimensión institucional que no puede soslayarse: Ramón Alzórriz es parlamentario aforado, por lo que será el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) quien asuma la investigación penal sobre los presuntos vínculos delictivos. Además, la juez no descarta la extensión de la investigación al consejero José Luis Arasti si se subsanan defectos formales en la querella, lo que podría implicar cambios en la jurisdicción en función de aforamientos.

En sede parlamentaria, Vox exigió explicaciones y la comparecencia del director general de Navarra Impulsa Cultura Deporte y Ocio (NICDO), Ramón Urdiain, entidad que es administradora única de Parquenasa, propietaria de Sendaviva. Urdiain negó haber elegido a Adentro Construimos, señaló que hubo otra empresa adjudicataria y alegó que los órganos de control del Gobierno validaron el proceso y facilitaron las subvenciones para el pago de las obras.

Las diligencias abiertas no resuelven culpabilidades; sí, en cambio, colocan sobre la mesa una concatenación de hechos y coincidencias que requieren investigación imparcial y celosa del interés público. Cuando contratos menores rozan persistentemente el umbral que evita publicidad y concurso, y cuando aparecen reformas privadas con presupuestos cuestionados, el deber del Estado es esclarecer y, si procede, sancionar.

La instrucción judicial que ahora pasa al TSJN obliga además a un examen político: la conducta de los responsables públicos y los mecanismos de control interno de la administración foral. La presidenta María Chivite y su gabinete verán cómo la atención judicial y parlamentaria se cierne sobre el PSN. La ciudadanía exige respuestas y la ley exige investigaciones rigurosas; son demandas convergentes que no admiten dilaciones innecesarias.

No es un examen retórico: es el imperativo de transparencia que acompaña al ejercicio del poder. La jueza ha abierto diligencias; corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y a los órganos competentes actuar con prontitud para dirimir, con pruebas y con derecho, lo que hoy son indicios y sospechas que afectan al corazón de la gestión pública foral.