Independencia en guerra: la fractura pública entre ERC y Junts

Las malas relaciones entre las dos caras del independentismo han alcanzado un umbral crítico. Lo ocurrido esta semana en el Congreso no es un rifirrafe menor sino la manifestación clara de una ruptura que deja de ser sólo retórica para convertirse en enfrentamiento público y directo.

La chispa se encendió en el debate sobre la prórroga de los contratos de alquiler. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, subió la temperatura con una intervención dura: sugirió que algunos diputados de Junts tenían "alguna empresa a su nombre con pisos de alquiler" y leyó los nombres de los siete parlamentarios a los que aludía. Quiso así atribuirles responsabilidad por la angustia que padece la gente con la vivienda. Junto a las palabras, gestos simbólicos —un billete de 50 euros en la tribuna— y la entrega de una carpeta con testimonios de afectados completaron la acusación pública.

La respuesta de Junts fue inmediata y enérgica. Interpretaron la actuación de Rufián como un "señalamiento" desde el atril, una utilización que calificaron de impropia y humillante: Miriam Nogueras comparó el tono con el de formaciones de la derecha y el grupo acusó a ERC de montar un "a por ellos" que, según dijeron, sucia la política y el catalanismo.

La tensión se trasladó fuera del hemiciclo. Junts denunció que Marta Madrenas, que defendió el "no" de su grupo al decreto, fue acosada en los alrededores del Congreso: un hombre la siguió, le recriminó su postura y acabó escupiéndola. Junts vinculó ese episodio con el "señalamiento" en la Cámara y recordó que sus diputados van al Congreso a "hacer su trabajo".

La escalada no se contuvo. Puigdemont reprochó a Rufián haber traspasado "todas las líneas de la decencia"; Jordi Turull defendió a sus diputados y recordó que nunca les han hecho pasar "vergüenza por 155 'likes'". Junts trasladó una queja formal a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por lo que entendieron como prácticas de señalamiento.

ERC no retrocedió. Fuentes del grupo recordaron que los siete diputados citados son cargos públicos que, con su voto, impidieron la convalidación del decreto. Rufián mantuvo el tono: afirmó que a él "le da igual la tensión" y defendió su argumentación aludiendo a los "tres millones de personas puteadas por lo que votó" el partido de Puigdemont. "Estoy en quinto de campañas de Junts", concluyó, sin intención aparente de rebajar la confrontación.

El resultado es evidente: lo que debiera ser debate político ha derivado en una dinámica de acusaciones cruzadas, escarnio público y malestar que trasciende el Parlamento. Si la autodeterminación reclama unidad de propósito, el espectáculo ofrecido por ambas formaciones ha mostrado lo contrario: un independentismo partido, enconado y cada vez más visceral. El Congreso, epicentro de la deliberación democrática, ha servido esta semana de escenario para una guerra abierta entre socios políticos cuya factura paga la imagen y la credibilidad del propio proyecto independentista.