Huelva arde: la negligencia pone en riesgo un verano de desastre

Hay hogueras que son mera anécdota y otras que son advertencia. Lo que arde en Huelva desde hace semanas no es una sucesión fortuita de conatos: es una oleada que reclama responsabilidades y acción. El incendio de Villanueva de los Castillejos ha dejado, por ahora, más de 5.000 hectáreas calcinadas —cifra provisional—, ha obligado al desalojo de alrededor de un centenar de vecinos y ha movilizado a un operativo que supera los 400 efectivos, entre ellos 80 de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

No es un fuego aislado. Huelva encadena casi un siniestro diario en las últimas semanas: pequeños y grandes focos en Doñana, en Riotinto —en el mismo escenario donde en 2004 ardieron 28.000 hectáreas y murieron dos personas—, en Alosno, Lepe, Almonte, Cartaya, Gibraleón, Lucena del Puerto o Moguer. Sumadas a las más de 5.000 hectáreas de Villanueva hay otras 3.600 quemadas este año, y la superficie quemada en Andalucía hasta junio ya triplica la del mismo periodo de 2025. Esos números no son cifras frías: son el mapa de un riesgo creciente.

Los meteoros que alimentan el drama están a la vista: pasto seco acumulado gracias a lluvias abundantes en invierno y primavera, un cóctel explosivo para un monte que, en Huelva, ocupa el 80% del suelo. A eso se suma el factor humano: la investigación del fuego de Villanueva, según el delegado del Gobierno, está "muy avanzada" y apunta a elementos significativos; por ahora se descarta la intencionalidad, y las pesquisas orientan hacia una negligencia. No es dato menor: Ecologistas en Acción recuerda que en la mayoría de los incendios la mano del hombre está detrás.

La gravedad del episodio obliga a dos lecturas inmediatas. La primera, operativa: un gran incendio con viento fuerte se vuelve enemigo de difícil contención; zonas con canteras y almacenes de explosivos han rozado el peligro y la respuesta ha requerido un despliegue extraordinario, con fase operativa 2 activada. La segunda, política y preventiva: no basta con apagar llamas. Hay que conocer las causas de todos los focos —la mitad quedan sin resolver, recuerdan las organizaciones ecologistas— y reforzar medidas que eviten que la concatenación de pequeños incendios convierta un verano en tragedia.

No hay lugar para eufemismos ni para la pasividad. La memoria de Riotinto, impune y todavía dolorosa, debería ser faro y no advertencia ahogada en la rutina. Cuando el monte es un polvorín y la mano que prende o descuida está tan presente, la sociedad exige claridad investigadora, medios suficientes y políticas preventivas que no traten el fuego como un fenómeno inevitable sino como una responsabilidad colectiva y gubernamental.

Que arda una hectárea es ya un aviso; que ardan miles, como ocurre en Huelva, es un deber responder con diligencia y rigor. El verano está por delante; las alarmas están encendidas. El país no puede afrontar otra vez la lección amarga de que la negligencia y la inacción pagan con territorio, vidas y memoria.