Gobierno actúa con decretos: 5.000 millones contra la ola de la guerra en Irán

El Boletín Oficial del Estado ha puesto en marcha este sábado —con eficacia administrativa y carácter ejecutivo— dos reales decretos dirigidos a contener los efectos económicos derivados de la guerra en Irán. Son decretos que, según el propio Gobierno, movilizan 5.000 millones de euros y que entran en vigor el domingo, a la espera de la convalidación parlamentaria prevista para el 26 de marzo.

El Ejecutivo articula el paquete en torno a dos normas: el Real Decreto 7/2026, Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y el Real Decreto 8/2026, con medidas específicas sobre alquiler de vivienda. La referencia causal es nítida: el conflicto iniciado el 28 de febrero por EEUU e Israel contra Irán provocó el bloqueo del Estrecho de Ormuz —por donde, según el texto, transita el 20 % del gas y petróleo mundial— y desató una oleada de alzas en materias primas, con el Brent por encima de 119 dólares y un salto del gas natural en Europa superior al 40 % en una sola jornada. "Situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias", ha dicho el Presidente del Gobierno.

En lo fiscal y energético, las medidas son puntuales y de impacto inmediato: rebaja del IVA de la electricidad, carburantes y gas al 10 %; reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11 % al 0,5 %; recorte del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la directiva europea. Además, las rebajas son transitorias y condicionadas a la evolución del IPC: si en abril la variación de los productos afectados no supera en más de un 15 % la del mismo mes del año anterior, las reducciones dejarán de aplicarse en junio.

El escudo social figura con concreción: prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico —42,5 % para consumidor vulnerable y 57,5 % para vulnerable severo—, incremento de la ayuda mínima del Bono Social Térmico con 90 millones adicionales a los 335 millones previstos, y garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social hasta final de 2026. También se limita el precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados hasta el 30 de junio de 2026.

La vivienda recibe medidas de urgencia: prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuyo fin esté previsto antes del 31 de diciembre de 2027, y tope del 2 % en la actualización anual de la renta, tanto para grandes tenedores como en ausencia de pacto entre arrendador y arrendatario. Es la respuesta normativa que Sumar defendió en el trámite.

Para los transportistas y el sector logístico, el Gobierno despliega ayudas mixtas: 0,20 euros por litro de gasóleo para titulares con derecho a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos —dotado con 367 millones—; ayudas directas para profesionales del transporte por carretera que no se beneficien de esa devolución, entre 200 y 1.800 euros por vehículo; autorización para que el Ministerio de Economía, vía ICO, otorgue reavales por un importe máximo de 2.000 millones sobre avales bancarios de autónomos y pymes del transporte; y ayudas al transporte marítimo regular de pasajeros en cabotaje e interinsular.

El campo y la pesca no quedan al margen: 0,20 euros por litro de gasóleo para productores agrarios (52 millones), una ayuda extraordinaria por el incremento de costes de fertilizantes dotada con 500 millones —con distribución señalada de 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío—; compensación de 0,20 euros por litro para armadores pesqueros (25 millones) y exención durante tres meses de la tasa de la pesca fresca.

El impulso a la electrificación apunta a medidas estructurales: Programa Auto+ con 400 millones en ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, reducción del 80 % de los peajes de acceso a redes eléctricas para la industria electrointensiva financiada con un crédito extraordinario de 220 millones, y deducciones en el IRPF por obras e instalaciones de eficiencia energética.

El paquete evidencia una doble intención: contener la presión inmediata sobre hogares y sectores vulnerables, y acelerar determinadas transiciones productivas. En todo caso, las normas ya publicadas en el BOE entran en vigor con carácter inmediato, pero estarán sujetas a la decisión del Congreso el próximo jueves. La senda trazada es clara: respuestas fiscales, sociales y sectoriales en clave de emergencia, supeditadas a la evolución de precios y a la ratificación parlamentaria.