Génova apuesta a los tribunales: la estrategia de desgaste que confía en imputar al PSOE

El PP ha decidido jugar su partida política en la sala de lo penal. Tras el paréntesis mediático y protocolario que supuso la visita del Papa, Génova espera una semana de «escalada» en los tribunales que, en su diagnóstico, podría dar un salto cualitativo: la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso Leire Díez.

No es una quimera retórica: los populares se apoyan en pasos procesales concretos instruidos por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. La causa, que investiga una trama dedicada a desbaratar procedimientos judiciales y que apunta a una organización criminal, ha llevado al instructor a ordenar la intervención de la UCO en Ferraz para reclamar «toda la información disponible» sobre la agenda institucional de Santos Cerdán, así como correos corporativos, accesos a la sede y gastos de comidas y viajes.

Desde Génova subrayan que esos requerimientos no son inocuos: los populares, personados como acusación popular en la causa, sostienen que hay indicios de pagos desde el PSOE o su entorno a la exmilitante Leire Díez y a otras personas investigadas, atribuyendo a Santos Cerdán la «unidad de acción y dirección» que, a su juicio, caracterizaría la supuesta red.

La calendarización alimenta la expectativa. El PP recuerda que la semana próxima la agenda judicial incluye la comparecencia de Begoña Gómez en una «audiencia preliminar» y la declaración como imputado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero los días 17 y 18 de junio. Además, los populares consideran inminente la sentencia del caso Ábalos, otra pieza que sitúan en el tablero del desgaste político.

Sin embargo, y aquí está la paradoja que no ocultan en Génova, la dirección popular no confía demasiado en que ese avance judicial obligue a los socios del Gobierno a retirar su apoyo a Pedro Sánchez. «El límite de los socios se va moviendo», admite un dirigente del núcleo duro, aunque los populares insisten en que formaciones como Junts y el PNV sufrirán reputacionalmente por su respaldo al Ejecutivo.

Feijóo y la escenografía parlamentaria forman parte del mismo plan: dinamizar la cuestión judicial en el debate público. El líder del PP vocalizó en la sesión de control la referencia a «P. S.», aludiendo a la mención que, según la investigación, figura en las agendas de Leire Díez, una réplica que el presidente respondió con un guiño a episodios pasados. Génova interpreta esa dinámica como un intento de homogeneizar el relato de la corrupción y de asociar al Gobierno actual con prácticas que llevaron a caídas de otros Ejecutivos.

La moción de censura, por ahora, permanece en la recámara. Los populares no la despliegan de inmediato, entre otras razones por las respuestas de aliados de Sánchez —como la advertencia de Junts sobre negociar desde Waterloo— y porque, según insisten en Génova, «ellos tienen tiempo» y prefieren dejar que la agenda judicial vaya erosionando al bloque gobernante.

Todo cuanto ha ocurrido en los últimos pasos del proceso —citaciones, peticiones a la UCO, obtención de correos y agendas, y la figura procesal de la imputación de persona jurídica— conforma la narrativa que el PP expondrá con vigor: la política se decide también en los tribunales y Génova confía en que los tribunales marquen el compás del cambio político. Queda por ver si la expectativa que alimentan los populares se convierte en un hecho procesal que, además de jurídico, sea también político.