Galicia refuerza lo social sin rendirse al despilfarro

La realidad no admite eufemismos: en tiempos convulsos, cuando Europa y el mundo han atravesado múltiples crisis desde 2020, Galicia ha optado por proteger lo esencial. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha subrayado ese empeño: 3.000 millones de euros adicionales movilizados hacia sanidad, educación y políticas sociales, un aumento del 41,3% en seis años consignado en los presupuestos autonómicos de 2026.

No se trata de una gesta retórica sino de una decisión fiscal concreta y medida. Mantener un «endeudamiento responsable» y un comportamiento presupuestario que arroja, según la propia administración, un déficit medio anual del 0,1% es la apuesta por la solvencia frente a la demagogia. Ese equilibrio —hacer más con control— debería ser la norma en la gestión pública, no la excepción.

Quien quiera confundir prioridades con derroche debe mirar los datos: incrementar la financiación de servicios públicos básicos en plena erupción de crisis internacionales no es improvisación; es política pública con criterio. La protección de la salud, la educación y las redes sociales de apoyo no admite experimentos irresponsables, pero tampoco el inmovilismo que abandona a la ciudadanía en tiempos difíciles.

La Xunta exhibe, además, una lección para el resto: es posible ampliar la cobertura social sin curvarse ante el endeudamiento desbocado. El reto ahora es sostener esa senda y demostrar que la contención fiscal puede coexistir con la ambición social. Galicia ha dado un paso; corresponde a sus gobernantes y a la sociedad vigilar que no sea un espejismo sino el inicio de una política estable y coherente.

Que quede claro: aumentar el gasto social no es sinónimo de desorden. Cuando está sustentado por una gestión responsable, es un acto de patriotismo social que preserva la cohesión y refuerza el contrato entre la Administración y los ciudadanos.