Frenar la marea: la receta progresista contra la oligarquía de la riqueza

La cumbre del Global Progressive Movement en Barcelona ha colocado sobre la mesa una alarma y una respuesta: la economía mundial, tras un lustro de sacudidas sucesivas —pandemia, cuellos de botella, crisis energética y la sombra de la guerra en Oriente Medio— ha vuelto a permitir que la riqueza se eleve en favor de unos pocos.

No es retórica: los datos lo muestran con crudeza. El 1% más rico ha crecido de forma desproporcionada; los ultrarricos ya acaparan una porción que alcanza el 17% de la riqueza mundial. Esa concentración no es neutral: mientras una minoría captura la mayor parte de los beneficios derivados de la subida de las materias primas, amplios sectores ciudadanos sufren la erosión de su poder adquisitivo.

Ante esa realidad, los socialistas han defendido sin rodeos que la principal palanca es la fiscalidad. La propuesta global, impulsada en el seno del G-20 y ahora replicada en el debate progresista, apunta a imponer una tasa sobre la riqueza de los más acaudalados —una referencia que en la cumbre se concretó en la idea de un 2% aplicada a las grandes fortunas— para conseguir recursos destinados a reducir la desigualdad.

Del mismo modo, se alzó la voz contra los beneficios excepcionales que han engordado ya las cuentas de ciertos sectores: energéticas y bancos, entre otros, obtuvieron rendimientos extraordinarios tras la crisis inflacionista de 2022. La propuesta es poner límite a esas “ganancias caídas del cielo”, y, en paralelo, ceñir la conversión de vivienda y servicios públicos en activos especulativos.

Economistas presentes han sido explícitos: limitar beneficios no es un capricho ideológico, es una defensa de la democracia. Si no se actúa sobre los tiburones financieros y sobre la especulación sobre vivienda, energía y salud, se corre el riesgo de que el sistema pierda legitimidad y cohesion social. “Hemos socializado riesgos y privatizado beneficios”, advirtieron al unísono voces como la de Mariana Mazzucato.

Los sindicatos recordaron la cara política de este problema: la lucha por la democracia se libra también en los centros de trabajo. Recuperar la noción de comunidad, exigieron, pasa por reforzar la redistribución fiscal, elevar los salarios y mejorar los servicios públicos, para que la brecha entre la cima y la base no se convierta en un abismo insalvable.

La cumbre dejó claras dos certezas: la desigualdad no es una consecuencia inevitable del ciclo económico reciente, y hay herramientas públicas para corregirla. Impuestos sobre la riqueza, tributos a beneficios extraordinarios, más vivienda asequible y protección de los servicios esenciales asoman como respuestas concretas. Ahora toca convertir las palabras en políticas que impidan que la democracia quede secuestrada por una oligarquía invisible y poderosa.