Fraude en tiempo de emergencia: cuando el afán de lucro ataca lo público

La economía pública es, por definición, patrimonio de la comunidad. Cuando esa caja común es saqueada mediante artimañas contables, la ofensa no es solo fiscal: es moral y política. Así lo refleja sin paliativos el informe que la Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional en la investigación sobre la trama de las mascarillas.

Hacienda cifra en 2,410,748,95 euros la cuota que podría haber defraudado Víctor de Aldama en el IRPF por su intermediación en 2020, y reduce a 1,624,308,20 euros la cantidad exigible tras descontar lo abonado por dos sociedades interpuestas. Son números concretos, sociedades señaladas —Deluxe Fortune y MTM 180 Capital— y una metodología: facturar servicios personalísimos a través de empresas pantalla para abonar el impuesto de sociedades en lugar del más gravoso IRPF. No es conjetura; es la conclusión técnica de la AEAT: las entidades no tuvieron participación real en las gestiones de Aldama.

La mecánica es elemental y ruin: intermediación pública convertida en beneficio privado mediante simulación de negocio. Deluxe Fortune y MTM 180 Capital percibieron 2.758.696,73 euros cada una de Soluciones de Gestión por la intermediación, y MTM 180 Capital anotó además 120.000 euros cobrados a Globalia. Hacienda documenta que Aldama cargó a Deluxe Fortune gastos personales —viajes, suscripciones, compras, ropa, joyas, comidas— extremos que añaden claridad a la naturaleza personalísima de los servicios facturados.

No solo Aldama aparece en el informe. La Agencia Tributaria advierte de un fraude sobre el Impuesto de Sociedades de Soluciones de Gestión de 200.000 euros en 2020 y apunta a Juan Carlos Cueto como el principal beneficiario de las maniobras fiscales, identificándole como verdadero dueño de la mercantil. Según la AEAT, sin la intervención conjunta de Aldama, Cueto y Soluciones de Gestión, “el negocio no se habría podido llevar a cabo”. Son relaciones de causa y efecto señaladas por la investigación.

Cabe subrayar que la AEAT no entra en la licitud o no de la figura del mediador en sí; reconoce la excepcionalidad del contexto —alta demanda y escasa oferta de material sanitarios— que explica la existencia de intermediarios en la contratación pública. Pero esa explicación no exonera de responsabilidades cuando la intermediación se camufla bajo sociedades que no participan en la gestión real y cuando se apropian bases imponibles mediante operaciones complejas: Soluciones de Gestión declaró una base imponible negativa en 2019 mediante compras-ventas deficitarias de acciones y deterioros de créditos con sociedades vinculadas, según el informe, para minorar su carga tributaria frente a lucrativas ventas de mascarillas.

Estos hechos, acreditados por la documentación que maneja la Agencia Tributaria y por comunicaciones recogidas en los informes de la UCO, exigen una respuesta proporcional y ejemplar. No se trata solo de perseguir delitos fiscales; se trata de defender la integridad del interés público en situaciones de emergencia. ¿Qué confianza puede tener la sociedad si, en plena crisis sanitaria, parte de la contratación pública sirve para engrosar arcas privadas mediante ingeniería fiscal?

La defensa de lo público exige dos cosas: rigor judicial para depurar responsabilidades sobre los hechos ahora descritos y reformas administrativas que aseguren transparencia, trazabilidad y controles fiscales en la contratación en situaciones excepcionales. No basta con lamentar. Cuando los hechos están sobre la mesa —nombres, cantidades, sociedades, operaciones— la respuesta del Estado debe ser firme y disuasoria.

La economía nacional se fortalece con empresas que crean riqueza de forma lícita y con un Estado que administra con pulcritud los recursos comunes. El informe de la AEAT no es una hipótesis retórica: es una hoja de ruta que obliga a actuar. España no puede permitir que, en nombre de la urgencia, se convierta la emergencia en ocasión de lucro privado a costa del conjunto de los ciudadanos.