Formentera reclama su voz propia: la Constitución se adapta por la vía exprés

La Corona pondrá la firma donde la voz de una isla reclama ser escuchada. El próximo martes 19 de mayo, a las 9:30 horas en el Palacio de la Zarzuela, el Rey Felipe VI sancionará la reforma del artículo 69.3 de la Constitución que consagra un senador propio para la isla de Formentera.

No es una concesión menor: es la materialización jurídica de una demanda trasladada por el Parlamento balear y tramitada con celeridad en Congreso y Senado. La vía exprés ha acortado tiempos, pero no puede ocultar la contundencia del gesto institucional: la Carta Magna reconoce ahora, de modo explícito, que las realidades insulares requieren reflejo propio en la Cámara Alta.

El nuevo apartado tercero del artículo 69 incluye, en su redacción, a Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma como destinatarias de un senador cada una. Junto a ello, una disposición adicional única aclara que la eficacia de la nueva circunscripción senatorial por la isla de Formentera quedará demorada hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez la reforma entre en vigor.

El itinerario parlamentario no estuvo exento de matices: durante la tramitación en el Congreso se decidió mantener la denominación Ibiza en castellano en la Constitución, en lugar de la forma en eivissenc propuesta por la Cámara balear. Un detalle lingüístico que quedó resuelto en el trámite y que demuestra que incluso en las reformas rápidas hay debates de fondo y forma.

En la exposición de motivos presentada por el Parlamento balear, la reforma se justifica como un reconocimiento efectivo de las singularidades territoriales, geográficas y existenciales que conforman España en su pluralidad. Es un argumento que apela a la equidad entre archipiélagos y a la idea de que las estructuras constitucionales deben adaptarse cuando la diversidad territorial lo exige.

Sea leído como precedente o como respuesta concreta a una necesidad local, este cambio constitucional deja a la vista algo incontestable: las instituciones pueden responder con presteza cuando hay consenso político y voluntad de adaptar el marco jurídico a realidades territoriales. La sanción real será el último gesto protocolario que convertirá en norma lo que el Parlamento balear y las Cortes ya han decidido.